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Human Rights Watch citó a Prisoners Defenders, que estimaba cerca de 700 presos políticos en octubre, mientras Justicia 11J registraba cientos de personas vinculadas a las protestas de 2021 todavía en prisión. Estas cifras deben atribuirse a las organizaciones que las producen, porque Cuba no permite un acceso internacional independiente a sus cárceles y no existe un registro público completo. El patrón documentado incluye detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales, malos tratos y vigilancia de familiares. La represión no se limita a los líderes opositores, también alcanza a periodistas, artistas, activistas, empresarios privados y ciudadanos que publican críticas en redes sociales. La ley penal y la normativa de comunicación permiten castigar conductas definidas de manera amplia, especialmente cuando las autoridades las consideran una amenaza.