El proceso de diagnóstico del Plan Integral Departamental de Drogas de Risaralda se desarrolló mediante metodologías participativas que incluyeron cuatro Comités Departamentales de Drogas realizados entre julio y noviembre de 2024, ejercicios de mapeo territorial por municipios, mesas de trabajo sectoriales, grupos focales con actores institucionales y comunitarios, y análisis de información secundaria proveniente de estudios nacionales y registros administrativos departamentales y municipales. La validación de problemas contó con la participación de 61 actores representantes de instituciones públicas, academia, organizaciones de la sociedad civil, prestadores de servicios de salud, organizaciones comunitarias de base, colectivos juveniles y personas
Los mapas evidencian una marcada concentración del fenómeno del consumo y expendio de sustancias psicoactivas en el Área Metropolitana Centro Occidente conformada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia, que alberga aproximadamente el setenta por ciento de la población departamental. En estos territorios urbanos se identificaron múltiples puntos de expendio ubicados estratégicamente en cercanías de instituciones educativas, parques públicos, zonas de comercio informal y barrios de alta vulnerabilidad socioeconómica.con experiencia vivida en consumo de sustancias. La cartografía participativa revela la existencia de "ollas" o lugares de consumo abierto en sectores específicos, viviendas abandonadas utilizadas como espacios de consumo, y corredores urbanos donde opera el microtráfico de manera sistemática. Esta geografía del consumo se superpone con mapas de pobreza, desempleo juvenil, deserción escolar y violencias urbanas, confirmando la multicausalidad del fenómeno y la necesidad de respuestas integrales que aborden simultáneamente determinantes sociales estructurales y consecuencias sanitarias inmediatas mediante servicios especializados de alto impacto.
Los mapas de municipios rurales como Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía revelan patrones diferenciados de consumo asociados principalmente a alcohol y marihuana, con la particularidad documentada de utilización de sustancias psicoactivas como forma de pago a jornaleros agrícolas en fincas cafeteras y cultivos diversos. Esta práctica normalizada culturalmente perpetúa ciclos de dependencia y vulnerabilidad económica en población trabajadora rural que enfrenta condiciones laborales precarias, salarios insuficientes y ausencia de protección social formal.
Los mapas también identifican la presencia de grupos armados organizados en zonas rurales de difícil acceso, vinculados a economías ilícitas del narcotráfico que utilizan estos territorios como corredores de tráfico hacia el litoral Pacífico y otros departamentos. La dispersión poblacional, las distancias a cabeceras municipales, la limitada infraestructura vial y la escasa presencia de servicios especializados de salud configuran barreras geográficas y estructurales que dificultan el acceso a prevención, tratamiento y reducción de daños para habitantes rurales.
La cartografía participativa permitió georreferenciar poblaciones específicas en situación de mayor vulnerabilidad frente al consumo problemático de sustancias, incluyendo niños y adolescentes en contexto de calle, personas en situación de habitabilidad en calle que consumen bazuco y heroína inyectable, trabajadoras sexuales expuestas a múltiples violencias y consumo asociado, adolescentes en conflicto con la ley vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, mujeres gestantes usuarias de sustancias con limitado acceso a servicios prenatales, y personas que se inyectan drogas concentradas en sectores específicos de Pereira y Dosquebradas.