El diagnóstico identifica poblaciones específicas en situación de máxima vulnerabilidad que requieren intervenciones diferenciadas, intensivas y especializadas. Los niños y adolescentes entre once y diecisiete años constituyen grupo prioritario por encontrarse en edad crítica de iniciación al consumo, con factores de riesgo acumulativos como disfunción familiar, bajo rendimiento académico, deserción escolar, exposición a violencias y escasas oportunidades de desarrollo.
Las personas que se inyectan drogas (PID) concentradas en zonas específicas de Pereira y Dosquebradas enfrentan riesgos extremos de sobredosis, transmisión de VIH y hepatitis virales, complicaciones médicas asociadas a inyección, estigmatización severa y exclusión de servicios de salud, demandando urgentemente estrategias integrales de reducción de daños que incluyan intercambio de jeringas, distribución de naloxona, testeo de enfermedades infecciosas, vinculación a tratamiento de sustitución y atención de comorbilidades. La población en situación de habitabilidad en calle que consume bazuco y heroína requiere dispositivos de bajo umbral, servicios de acogida, satisfacción de necesidades básicas, atención de salud sin condicionalidad de abstinencia y rutas de inclusión social.
Los adolescentes en el SRPA presentan prevalencias de consumo problemático significativamente superiores al promedio poblacional, necesitando modelos de justicia terapéutica juvenil que prioricen tratamiento especializado sobre medidas exclusivamente punitivas. Las mujeres gestantes usuarias de sustancias, población LGBTIQ+, población indígena en zonas rurales y adultos mayores con consumo problemático de alcohol y medicamentos constituyen grupos adicionales que demandan enfoques diferenciales adaptados a sus vulnerabilidades y necesidades específicas.
El análisis integral del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en Risaralda confirma que respuestas efectivas, sostenibles y respetuosas de la dignidad humana requieren trascender enfoques fragmentados, exclusivamente sanitarios o punitivos, adoptando perspectivas integrales, intersectoriales y fundamentadas en derechos humanos. La multicausalidad del fenómeno exige convergencia coordinada de sectores de salud, educación, protección social, desarrollo económico, cultura, deporte, recreación, justicia, seguridad ciudadana y vivienda, cada uno aportando desde sus competencias específicas a la transformación de determinantes estructurales y la garantía de derechos.