El fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria, juntas de acción comunal, organizaciones juveniles, colectivos cannábicos, grupos de autoayuda y redes de pares constituye una estrategia efectiva para ampliar la cobertura de servicios, reducir barreras de acceso, generar confianza con poblaciones estigmatizadas, y movilizar recursos sociales disponibles en los territorios. El contexto de transformación de la política de drogas a nivel nacional e internacional genera una ventana de oportunidad para implementar enfoques innovadores, por lo que la Política Nacional de Drogas 2023-2033 representa un cambio paradigmático al priorizar la salud pública, los derechos humanos, el enfoque de reducción de daños, la justicia restaurativa y la regulación legal de ciertos mercados como alternativa a la prohibición y criminalización.
Finalmente, el monitoreo, seguimiento y evaluación constituyen componentes esenciales que garantizan la rendición de cuentas, la transparencia y el aprendizaje institucional, en el que el Plan establece una matriz de indicadores de resultado e impacto alineados con los objetivos estratégicos, define responsables institucionales para cada acción, establece metas cuantificables en el horizonte temporal 2024-2027, e incorpora mecanismos de evaluación periódica que permitan realizar ajustes adaptativos en función de los resultados observados. La participación de instancias de control social, veedurías ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de control institucional en los procesos de seguimiento y evaluación fortalece la transparencia y legitimidad del Plan.