2027 Plan Departamental Rda

• Gobernador del departamento de Risaralda.
• EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA
• Secretario de Salud Departamental
• DEISSY JOHANNA VÉLEZ GÓMEZ
• Directora Operativa de Salud Pública
• LUZ ADRIANA RIVERA GONZÁLEZ

Coordinadora Departamental Atención Integral del consumo de Drogas

• APOYO TÉCNICO:
• SANDRA PAOLA GIL OSSA
• ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda.

El departamento de Risaralda enfrenta desafíos significativos en materia de consumo de sustancias psicoactivas que demandan una respuesta integral, coordinada y basada en evidencia científica. La formulación del Plan Integral Departamental de Drogas 2024-2027 representa un esfuerzo estratégico para abordar esta problemática de salud pública desde una perspectiva intersectorial, territorial y comunitaria, en consonancia con los lineamientos establecidos por la Política Nacional de Drogas 2023-2033[1].

[1] Ministerio de Justicia y del Derecho & Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Política Nacional de Drogas 2023-2033. Bogotá: Gobierno de Colombia.

La situación epidemiológica del departamento revela patrones complejos de consumo que afectan de manera diferencial a diferentes grupos poblacionales, por lo que los diagnósticos territoriales realizados mediante ejercicios participativos de mapeo comunitario identificaron como sustancias de mayor prevalencia la heroína, el bazuco, la marihuana, la cocaína, el alcohol y sustancias emergentes como el 2C-B, cuyo consumo se concentra en zonas urbanas específicas y corredores rurales. Esta caracterización epidemiológica coincide con las tendencias nacionales observadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, donde se evidencia una transformación en los patrones de consumo hacia sustancias de mayor potencia y la aparición de nuevas moléculas sintéticas[1].

[1] Ministerio de Justicia y del Derecho. (2023). Observatorio de Drogas de Colombia - Reporte de sustancias emergentes. Bogotá.

Transformación del territorio y reducción de vulnerabilidades.

Los determinantes sociales identificados en el proceso diagnóstico señalan como factores de riesgo preponderantes la disfuncionalidad familiar, el fácil acceso a las sustancias, la edad de inicio temprana alrededor de los 11 años, la falta de oportunidades educativas y laborales, el desempleo, y la normalización cultural del consumo[1]. Estos hallazgos se articulan con los postulados de la Organización Mundial de la Salud respecto a la multicausalidad del fenómeno de las drogas, donde convergen factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales que incrementan la vulnerabilidad de las personas frente al uso problemático de sustancias[2]

La construcción del presente Plan se fundamentó en un proceso metodológico participativo que incluyó la realización de cuatro Comités Departamentales de Drogas entre julio y noviembre de 2024, con la participación de 61 actores institucionales, representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, entidades prestadoras de servicios de salud, secretarías sectoriales y organizaciones comunitarias[3]. Este ejercicio deliberativo permitió territorializar las líneas estratégicas de la Política Nacional en función de las particularidades sociodemográficas, culturales y epidemiológicas del departamento, garantizando la pertinencia y viabilidad de las acciones propuestas.

[1] Organización Mundial de la Salud. (2018). Trastornos por consumo de sustancias: Marco de actuación para las políticas públicas. Ginebra: OMS.

[2] Ibem 3

[3] Actas Comité Departamental de Drogas de Risaralda. (2024). Relatorías mesas de trabajo sobre factores de riesgo. Julio-agosto 2024.

El enfoque adoptado por el Plan Departamental integra los cinco ejes estratégicos definidos en la Política Nacional de Drogas: transformación del territorio y reducción de vulnerabilidades, abordaje del consumo desde el cuidado integral y los derechos humanos, promoción de la salud mental, reducción de riesgos y daños, y afectación a las estructuras del narcotráfico, esta arquitectura programática reconoce que el fenómeno de las drogas trasciende la dimensión sanitaria y requiere intervenciones coordinadas en los ámbitos económico, social, educativo, judicial y de seguridad.

Prevención

Eje de prevención:

Estrategia de reducción de riesgos y daños

En el marco del eje de prevención, el diagnóstico territorial identificó como prioritario el fortalecimiento de estrategias universales, selectivas e indicadas diferenciadas por curso de vida y entornos específicos, la implementación del programa basado en evidencia "Familias Fuertes: Amor y Límites", constituye una experiencia relevante que demuestra la viabilidad de intervenciones preventivas estructuradas cuando existe articulación intersectorial y compromiso político y los resultados de las evaluaciones pretest-postest aplicadas evidenciaron mejoras significativas en las habilidades parentales, la comunicación familiar y los factores protectores de los adolescentes participantes.

Emerge como un componente innovador que busca minimizar las consecuencias adversas asociadas al consumo de sustancias, sin exigir como prerrequisito la abstinencia, las propuestas territoriales incluyeron la implementación de salas de consumo supervisado para personas que se inyectan drogas, programas de intercambio de jeringas, distribución de naloxona para la prevención de sobredosis, servicios de análisis de sustancias y sistemas de alertas tempranas ante la circulación de drogas adulteradas o de alta potencia. Estas intervenciones, ampliamente respaldadas por la evidencia internacional y promovidas por organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), representan un cambio paradigmático hacia un abordaje humanitario, pragmático y basado en derechos humanos[1].

[1] UNODC & OMS. (2020). Normas Internacionales para el Tratamiento de los Trastornos por Consumo de Drogas. Edición revisada. Viena. https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/82b4508a-c1ad-4561-9a4c-de29e43a70f9/content

Detección, tratamiento y atención integral:

constituye otro pilar fundamental del Plan, ya que la oferta de servicios actual presenta limitaciones en términos de accesibilidad, continuidad y diversificación de modalidades de atención, las mesas de trabajo identificaron como necesidad prioritaria la implementación de dispositivos de bajo umbral, como los Centros de Atención a las Adicciones Móviles y Ambulatorios (CAMAD), que permitan reducir las barreras de acceso y ofrecer respuestas flexibles adaptadas a las características de las personas usuarias[1]. Asimismo, se reconoció la importancia de fortalecer los servicios de intervención breve, telesalud y atención de comorbilidades en salud física y mental, bajo un enfoque de atención primaria en salud.

[1] Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Lineamientos técnicos para Centros de Atención Móvil a Drogodependientes - CAMAD. Bogotá. lineamientos-abordaje-consumo-sustancias-psicoactivas-implementacion-camad-2023.pdf (minsalud.gov.co)

Eje de inclusión

Y protección de personas usuarias de drogas reconoce que el estigma y la discriminación constituyen barreras significativas para el acceso a servicios sociales, educativos, laborales y de salud, bajo las acciones propuestas incluyen estrategias de sensibilización dirigidas a actores institucionales y comunitarios, fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria, promoción de la responsabilidad social empresarial para la inclusión laboral, y garantía de derechos para poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad como personas en situación de habitabilidad en calle.

Reconoce las particularidades de cada uno de los catorce municipios del departamento, desde las dinámicas urbanas de Pereira y Dosquebradas, hasta las realidades rurales de municipios como Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía, donde confluyen factores adicionales como la presencia de grupos armados organizados, economías ilícitas vinculadas al narcotráfico, y condiciones de ruralidad dispersa que dificultan el acceso a servicios, por lo que esta diferenciación territorial exige estrategias adaptadas que consideren las especificidades culturales, étnicas y socioeconómicas de cada contexto.

La sostenibilidad financiera del Plan representa un desafío estructural que requiere la articulación de múltiples fuentes de financiación: recursos del Sistema General de Participaciones, recursos ordinarios de los presupuestos departamentales y municipales, Fondo Nacional de Estupefacientes, recursos de cooperación internacional, y mecanismos innovadores como la destinación de bienes extinguidos al narcotráfico para programas de atención integral. La continuidad de los programas más allá de los períodos gubernamentales exige la institucionalización de las intervenciones mediante su inclusión en los planes de desarrollo territorial y la asignación de recursos de destinación específica

El presente Plan se estructura en torno a resultados esperados concretos, medibles y alcanzables en el horizonte temporal 2024-2027, con definición de acciones estratégicas, responsables institucionales, metas cuantificables e indicadores de seguimiento y evaluación. Esta arquitectura metodológica responde a los estándares internacionales de planificación estratégica en políticas públicas de drogas promovidos por organismos multilaterales como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos.

La formulación del Plan Integral Departamental de Drogas 2024-2027 para Risaralda responde a una necesidad imperativa de abordar de manera estructural, coordinada y basada en evidencia la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, fenómeno que trasciende la dimensión individual y se configura como un asunto de salud pública, seguridad ciudadana, desarrollo social y garantía de derechos humanos[1]. La complejidad del fenómeno de las drogas en el departamento exige una respuesta integral que articule acciones de prevención, atención, reducción de riesgos y daños, inclusión social y control territorial, superando los enfoques fragmentados y punitivos que históricamente han caracterizado las políticas públicas en esta materia.

[1] Organización de Estados Americanos - OEA. (2019). Lineamientos hemisféricos de la CICAD sobre políticas de prevención del consumo de drogas. Washington D.C.: CICAD/OEA.

El marco normativo vigente establece obligaciones precisas para las entidades territoriales en materia de drogas, bajo la Ley 1566 de 2012 reconoce el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública y bienestar familiar, estableciendo que el tratamiento, la atención y la rehabilitación de las personas afectadas deben ser prioridades del Sistema General de Seguridad Social en Salud[1]. Por su parte, la Política Nacional de Drogas 2023-2033 constituye el marco orientador que define los ejes estratégicos, objetivos y líneas de acción que los territorios deben adaptar a sus realidades específicas mediante la construcción de planes integrales departamentales y municipales[2].

El presente Plan se inscribe, además, en el cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en instrumentos internacionales como el Documento Final del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016), que insta a los Estados a adoptar enfoques equilibrados, multidisciplinarios, científicos y centrados en la salud y los derechos humanos[1].

La tendencia a la iniciación temprana se asocia con mayores riesgos de desarrollo de trastornos por uso de sustancias, afectaciones en el desarrollo neurológico, deserción escolar, vinculación a economías ilícitas y vulneración de derechos fundamentales, bajo los mapeos territoriales realizados en los 14 municipios del departamento identificaron zonas específicas de expendio y consumo, especialmente en entornos educativos, espacios públicos y sectores de alta vulnerabilidad socioeconómica, evidenciando la necesidad de intervenciones focalizadas y diferenciadas según las características de cada territorio. La Organización Mundial de la Salud estima que, en contextos de países de renta media como Colombia, solo entre el 10% y el 35% de las personas que requieren tratamiento especializado logran acceder a servicios adecuados[2], brecha que se agudiza en departamentos con limitaciones presupuestales y de infraestructura sanitaria como Risaralda.

[1] Asamblea General de las Naciones Unidas. (2016). Documento Final UNGASS 2016: Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas. Nueva York: ONU.

[2] Organización Mundial de la Salud. (2021). Mental Health Atlas 2020: Substance Use Disorders Services. Ginebra: OMS.

[1] Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1566 de 2012: Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas. Bogotá: Diario Oficial.

[2] Ministerio de Justicia y del Derecho & Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Política Nacional de Drogas 2023-2033: Hacia un nuevo paradigma basado en salud pública y derechos humanos. Bogotá.

El marco normativo vigente establece obligaciones precisas para las entidades territoriales en materia de drogas

"Evidenciando la necesidad de intervenciones focalizadas y diferenciadas según cada territorio"

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)

recomiendan enfáticamente las intervenciones en reducción de riesgos y daños, intervenciones como componentes esenciales de una política de drogas basada en derechos humanos y salud pública. El componente de prevención del Plan se fundamenta en la necesidad de fortalecer factores protectores en los diferentes momentos del curso de vida y entornos específicos donde transcurre la vida cotidiana de las personas.

La dimensión territorial del Plan reconoce las particularidades geográficas, demográficas, culturales y socioeconómicas del departamento y Risaralda presenta una configuración heterogénea que incluye zonas urbanas densamente pobladas como el Área Metropolitana Centro Occidente (Pereira, Dosquebradas, La Virginia), municipios intermedios con dinámicas mixtas urbanas, y territorios rurales de difícil acceso como Mistrató y Pueblo Rico, algunos de los cuales presentan presencia de grupos armados organizados, economías ilícitas vinculadas al narcotráfico, y población indígena que requiere enfoques diferenciales respetuosos de la cosmovisión y prácticas culturales propias[1].

[1] Gobernación de Risaralda. (2024). Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027: Caracterización territorial. Pereira.

El fenómeno de las drogas trasciende las competencias de un solo sector y requiere la convergencia coordinada de salud, educación, protección social, desarrollo económico, cultura, deporte, recreación, justicia, seguridad y convivencia ciudadana. Los Comités Departamentales y Municipales de Drogas se configuran como instancias de gobernanza que deben garantizar la articulación efectiva, el seguimiento periódico de indicadores, la evaluación de resultados, y los ajustes necesarios en función de las transformaciones del fenómeno y los aprendizajes derivados de la implementación y el fortalecimiento de estas instancias de coordinación, con asignación de recursos específicos, secretarías técnicas permanentes y sistemas de información integrados, constituye una condición habilitante para la efectividad del Plan.

El fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria, juntas de acción comunal, organizaciones juveniles, colectivos cannábicos, grupos de autoayuda y redes de pares constituye una estrategia efectiva para ampliar la cobertura de servicios, reducir barreras de acceso, generar confianza con poblaciones estigmatizadas, y movilizar recursos sociales disponibles en los territorios. El contexto de transformación de la política de drogas a nivel nacional e internacional genera una ventana de oportunidad para implementar enfoques innovadores, por lo que la Política Nacional de Drogas 2023-2033 representa un cambio paradigmático al priorizar la salud pública, los derechos humanos, el enfoque de reducción de daños, la justicia restaurativa y la regulación legal de ciertos mercados como alternativa a la prohibición y criminalización.

Finalmente, el monitoreo, seguimiento y evaluación constituyen componentes esenciales que garantizan la rendición de cuentas, la transparencia y el aprendizaje institucional, en el que el Plan establece una matriz de indicadores de resultado e impacto alineados con los objetivos estratégicos, define responsables institucionales para cada acción, establece metas cuantificables en el horizonte temporal 2024-2027, e incorpora mecanismos de evaluación periódica que permitan realizar ajustes adaptativos en función de los resultados observados. La participación de instancias de control social, veedurías ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de control institucional en los procesos de seguimiento y evaluación fortalece la transparencia y legitimidad del Plan.

CONTEXTO departamental.

Generalidades del departamento:

Nota. Los datos demográficos presentados corresponden al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) realizado por el DANE en 2018. Estos constituyen la información censal más reciente disponible al momento de la elaboración del presente documento. Para indicadores socioeconómicos como PIB, NBI, pobreza y desempleo, se utilizaron las cifras oficiales más actualizadas disponibles según las diferentes fuentes del DANE y el Departamento Nacional de Planeación, las cuales pueden corresponder a años diferentes según la periodicidad de cada medición.

El departamento de Risaralda constituye una de las entidades territoriales más dinámicas y estratégicas de la región centro-occidental de Colombia, caracterizada por su posición geográfica privilegiada en el corazón del denominado Eje Cafetero, su diversidad ecosistémica que abarca desde valles interandinos hasta zonas de alta montaña, y su rol histórico como epicentro de la cultura cafetera colombiana. Creado mediante Ley 70 de 1966, el departamento surgió de la segregación territorial del antiguo Gran Caldas, consolidándose como una entidad administrativa autónoma que adoptó su nombre en honor al río Risaralda, afluente del río Cauca que atraviesa buena parte de su geografía.

La extensión territorial de 4.140 kilómetros cuadrados, aunque relativamente modesta en comparación con otros departamentos colombianos, alberga una extraordinaria complejidad geográfica, climática y ecosistémica que se traduce en múltiples vocaciones productivas y potencialidades de desarrollo. El territorio departamental se estructura administrativamente en 14 municipios: Pereira (capital), Dosquebradas, La Virginia, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y Santa Rosa de Cabal, cada uno con características socioeconómicas, demográficas y culturales particulares que configuran un mosaico territorial heterogéneo. La configuración demográfica del departamento, según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) realizado por el DANE en 2018, evidencia una población censada de 839.597 habitantes, que ajustada por omisión censal del 11,0% alcanza un total estimado de 943.401 habitantes[1]. Esta cifra posiciona a Risaralda como el décimo segundo departamento más poblado del país, con una densidad poblacional aproximada de 228 habitantes por kilómetro cuadrado, significativamente superior al promedio nacional de 46 habitantes por kilómetro cuadrado.

[1] DANE. (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Departamento de Risaralda. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/66_infografia.pdf

La distribución espacial de la población revela un patrón marcadamente urbano, con el 78,0% de los habitantes residiendo en cabeceras municipales (736.164 habitantes ajustados) y el 22,0% en zonas rurales dispersas y centros poblados (207.237 habitantes ajustados). Este nivel de urbanización supera el promedio nacional del 77,1%, reflejando procesos de metropolización centrados en el Área Metropolitana Centro Occidente conformada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia, que concentra aproximadamente el 70% de la población departamental y constituye el tercer conglomerado urbano más importante del país después de Bogotá y Medellín. La ruralidad risaraldense, aunque minoritaria en términos demográficos, resulta estratégica por su rol en la producción agropecuaria, la conservación de ecosistemas estratégicos y el mantenimiento de prácticas culturales tradicionales, particularmente en municipios como Pueblo Rico, Mistrató y zonas altas de Quinchía y Belén de Umbría. La estructura poblacional por edad evidencia un proceso de transición demográfica avanzada, caracterizado por la reducción de la proporción de población infantil (0-14 años: 19,3%), el predominio de población en edad productiva (15-59 años: 63,8%) y el incremento progresivo de población adulta mayor (60 años y más: 16,9%). La composición por sexo muestra una leve preponderancia femenina, con 401.748 mujeres (48%) y 437.849 hombres (52%) según el censo de 2018, resultando en un índice de masculinidad de 93 hombres por cada 100 mujeres.

La diversidad étnica del departamento, aunque cuantitativamente minoritaria, constituye un componente fundamental del patrimonio cultural y la configuración territorial. El CNPV 2018 identificó que el 3,6% de la población se autor reconoce como perteneciente a grupos étnicos, destacándose principalmente población indígena (24.810 personas, 3,0% del total) concentrada en seis resguardos ubicados principalmente en los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Quinchía, pertenecientes a las etnias Emberá, Chamí y Katio. Estas comunidades mantienen estructuras organizativas propias, prácticas culturales ancestrales, sistemas de medicina tradicional y relaciones específicas con el territorio que demandan

reconocimiento, protección y garantía de derechos en el marco del Estado pluriétnico y multicultural consagrado en la Constitución Política de 1991.La presencia de población ROM o gitana (218 personas), raizal (2.084 personas) y población negra, mulata o afrocolombiana, aunque en proporciones menores, contribuye a la riqueza cultural del departamento.

Las condiciones de vida y bienestar de la población risaraldense presentan indicadores diferenciados que reflejan persistentes brechas entre zonas urbanas y rurales. El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para 2011 se ubicó en 17,47% a nivel departamental, con marcadas diferencias entre cabeceras municipales (13,06%) y zonas rurales (32,06%), evidenciando que aproximadamente una tercera parte de la población rural experimenta carencias críticas en dimensiones como vivienda, servicios públicos, dependencia económica, ausentismo escolar y hacinamiento.

Los indicadores de pobreza monetaria para 2015 señalaban que el 22,3% de la población departamental se encontraba en situación de pobreza y el 3,9% en pobreza extrema, cifras que, aunque inferiores al promedio nacional de la época, revelaban la persistencia de importantes sectores poblacionales en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica²⁰. La tasa de desempleo del 10,5% para 2015 reflejaba tensiones en los mercados laborales locales, particularmente afectando a población joven, mujeres y personas con menores niveles educativos. Las condiciones habitacionales y el acceso a servicios públicos constituyen dimensiones fundamentales del bienestar poblacional. El CNPV 2018 identificó 342.195 unidades de vivienda en el departamento, de las cuales 273.259 correspondían a viviendas ocupadas con personas presentes²². El predominio de viviendas tipo casa (83,3%) sobre apartamentos (15,0%) refleja patrones urbanísticos característicos de ciudades intermedias, aunque en años recientes se ha observado un proceso acelerado de densificación urbana mediante construcción de edificaciones multifamiliares en altura, particularmente en Pereira y Dosquebradas.

La cobertura de servicios públicos domiciliarios muestra niveles relativamente altos para energía eléctrica (99,4%), acueducto (93,9%) y recolección de basuras (89,5%), aunque persisten brechas significativas en alcantarillado (88,0%), gas natural (76,2%) y especialmente en conectividad a internet (52,4%), este último aspecto crítico en el contexto de transformación digital y acceso a oportunidades educativas y económicas.

Los indicadores educativos evidencian avances significativos en alfabetización y cobertura, con tasas de alfabetismo del 94,8% para población de 5 años y más, y del 98,3% para población joven entre 15 y 24 años, reflejando el impacto de políticas de universalización de la educación básica implementadas durante las últimas décadas. Sin embargo, persisten desafíos en términos de calidad educativa, permanencia en el sistema, acceso a educación superior y formación para el trabajo, aspectos críticos para la movilidad social y el desarrollo de capacidades que permitan a la población insertarse en mercados laborales cada vez más competitivos y tecnificados²⁶.

El perfil de funcionamiento humano revela que el 7,8% de la población censada declaró presentar dificultades para realizar actividades cotidianas relacionadas con movilidad, visión, audición, cognición, cuidado personal o comunicación²⁸. Este dato, aunque puede estar subdeclarado por factores culturales y de percepción de discapacidad, evidencia la presencia de una población con discapacidad que requiere garantías específicas en materia de accesibilidad, inclusión educativa y laboral, servicios de rehabilitación y protección social especializada, en cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. La economía departamental se sustenta históricamente en la producción cafetera, actividad que configuró la identidad territorial, los patrones de poblamiento, las estructuras agrarias y las dinámicas culturales del departamento desde finales del siglo XIX Risaralda forma parte del Paisaje Cultural Cafetero declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011, reconocimiento que valora el excepcional esfuerzo humano, familiar y generacional para la producción de café en condiciones geográficas difíciles, y que ha configurado un paisaje cultural único caracterizado por la predominancia de cultivos en pequeñas parcelas, arquitectura vernácula, institucionalidad cafetera y capital social asociativo.

Sin embargo, la economía departamental ha experimentado procesos de diversificación significativos, con fortalecimiento de sectores como manufactura (confecciones, metalmecánica, alimentos procesados, papel), comercio y servicios, construcción, agroindustria (caña panelera, frutales), y más recientemente turismo y economía creativa. La posición geográfica estratégica del departamento en el centro-occidente colombiano, equidistante de los principales centros urbanos del país (Bogotá, Medellín, Cali) y con acceso al puerto de Buenaventura sobre el Océano Pacífico, confiere ventajas competitivas para la integración a mercados nacionales e internacionales. La infraestructura vial departamental se articula con corredores estratégicos como la Troncal de Occidente y la vía al Magdalena, que conectan el interior del país con el litoral pacífico, facilitando flujos comerciales y movilidad de personas. El Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira, aunque con limitaciones de capacidad, permite conectividad aérea nacional e internacional, constituyendo un activo importante para la competitividad regional.

La diversidad ecosistémica del departamento constituye un patrimonio natural de extraordinario valor, abarcando desde bosques húmedos tropicales en las estribaciones de la cordillera Occidental hacia el Chocó biogeográfico, pasando por ecosistemas de bosque andino, páramos y zonas nivales en el Parque Nacional Natural Los Nevados. El departamento alberga áreas protegidas de importancia nacional como los Parques Nacionales Naturales Los Nevados y Tatamá, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, y diversas reservas forestales protectoras y áreas de manejo especial que en conjunto representan aproximadamente el 20% del territorio departamental. La configuración climática del departamento, influenciada por su posición tropical, la disposición de la cordillera y los sistemas de circulación atmosférica genera condiciones de alta pluviosidad con promedios anuales de 3.000 milímetros, distribuidos en régimen bimodal con picos en abril-mayo y octubre-noviembre.

Esta disponibilidad hídrica, sumada a la diversidad de pisos térmicos que van desde cálido (9% del territorio), templado (51%), frío (8%), páramo y nival (1%), genera condiciones favorables para múltiples sistemas productivos agropecuarios, pero también plantea desafíos en términos de gestión del riesgo ante amenazas hidroclimáticas como inundaciones, deslizamientos y eventos de variabilidad climática asociados al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

El perfil epidemiológico y las condiciones de salud de la población risaraldense reflejan un proceso de transición epidemiológica avanzada, caracterizado por el predominio de enfermedades crónicas no transmisibles (cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas), problemas de salud mental (depresión, ansiedad, trastornos por uso de sustancias), causas externas (violencias, accidentes de tránsito, suicidios), coexistiendo con problemas de salud pública persistentes como enfermedades transmisibles (dengue, tuberculosis, VIH/SIDA, hepatitis virales) y determinantes sociales de la salud que generan inequidades en el acceso y resultados sanitarios.

El consumo de sustancias psicoactivas, problemática que justifica el presente Plan Departamental de Drogas, se inscribe en este contexto territorial complejo, donde convergen determinantes estructurales, dinámicas urbanas y rurales diferenciadas, presencia de economías ilícitas asociadas al narcotráfico, condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, transformaciones culturales, debilidades institucionales y limitaciones en la oferta de servicios especializados.

El Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) del Ministerio de Justicia y del Derecho ha desarrollado un sistema de estudios nacionales periódicos que abordan población escolar, universitaria, población general, personas privadas de la libertad, adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y mortalidad asociada al consumo, generando información estratégica para la comprensión integral del fenómeno.

La Política Nacional Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico, plantea los campos de la prevención, el tratamiento y reducción de Riesgos y Daños, juntos aportan a la consolidación de un enfoque basado en derechos humanos y salud pública, la prevención se presenta como la base de la Política de Drogas, especialmente en lo que corresponde a garantizar los derechos de infancia y adolescencia, la prevención debe ser integral, intersectorial con estrategias de fortalecimiento de la oferta institucional basada en evidencia, destacando la importancia de generar conocimiento, promover la salud integral e integrada y prevenir el consumo de SPA, dirigida a toda la población, en los distintos ámbitos: escolar, universitario, familiar, comunitario, organizacional e institucional.

Así mismo, esta política realiza principal énfasis en la necesidad de desarrollar acciones en pro de potencializar los entornos de protección frente al consumo de sustancias psicoactivas; acciones integrales que comprometen transversalmente procesos de prevención y la importancia de fortalecer desde el Estado acciones que aporten al fortalecimiento de escenarios como el entorno del hogar, entorno educativo, entorno laboral, entorno comunitario y entorno institucional, teniendo en cuenta también el curso de vida, las necesidades y particularidad de los entornos.

Indicadores del fenómeno de las drogas y otros datos

El consumo de sustancias psicoactivas en Colombia constituye un fenómeno complejo y multicausal que afecta de manera diferenciada a diversos grupos poblacionales, requiriendo aproximaciones epidemiológicas rigurosas que permitan caracterizar su magnitud, distribución, tendencias y factores asociados como fundamento para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

El proyecto DOMES se consolido como un proyecto de demostración desde una visión Integral del fenómeno de la demanda del consumo y prevención del tráfico de Drogas, con un enfoque de salud pública, de respeto por los derechos humanos, facilitando la integración social e Intersectorial, optimizando los recursos desde el nivel Institucional, comunitario y familiar, fue liderado por la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley de la Embajada Americana, con Socios de Organizaciones e Instancias Internacionales líderes del tema, entre las que se encontraba la CICAD - OEA, UNODC, Colombo Plan, CADCA, OPS, así como desde la Nación participan el Ministerio de Justicia y el Ministerio de salud y Protección Social.

Durante cuatro años a partir del año 2023, se llevó a cabo la implementación de programas basados en evidencia en los diversos Entornos: Familiar, Escolar, Comunitario, Institucional (Carcelario) y Laboral. Partiendo de la realización de un estudio de consumo en una muestra de hogares en 12.000 hogares en Pereira y en 6.600 hogares en el municipio de Dosquebradas.

Este es uno de los grandes logros que podemos decir, que dejamos desde la línea de reducción del consumo de SPA, realizar la gestión, participar de múltiples reuniones, organizar equipo Departamental, lograr que no sólo se priorizara a Pereira, sino beneficiar también a Dosquebradas, traer a nuestro Departamento financiadores y expertos internacionales con un solo objetivo en común, realizar acciones en promoción de la salud, prevención del consumo, tratamiento integral, recuperación y alternativa al encarcelamiento, todo ello a través de la implementación de programas basados en evidencia y de la formación de talento humano en el territorio dejando una excelente capacidad instalada Dentro del Plan de Desarrollo “2020-2023 Risaralda Social Sentimiento de Todos” se tiene establecido el Programa: 6. GESTIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Con su Subprograma No. 6.5 Gestión integral en salud frente al consumo de sustancias psicoactivas – SPA: Ser, Saber y Actuar, con meta de producto: SP6.5MP132 Implementar el Plan Departamental de Drogas acorde a los lineamientos del Consejo Seccional de Estupefacientes, en ese orden de ideas, se hace necesario la contratación de profesionales idóneos que permitan fortalecer todos los componentes del Subprograma.

Algunas relaciones sobre el fenómeno de las drogas se relacionan en estudios recientes en el marco del proyecto DOMES, proyecto de demostración mundial que pretende reducir la demanda de drogas y los delitos asociados, así:

Según los datos relacionados en el estudio realizado por PIRE en el marco del proyecto Demostrativo a nivel Nacional, denominado DOMES, hace referencia a los siguientes datos: respecto a la muestra del proceso de investigación , para el municipio de Pereira, se representan 12139, el 46% corresponde al género masculino y el 54% al género masculino, la población más y Dosquebradas 6667 de los cuales el 53% corresponde al género femenino y el 47% al género masculino, la población más representativa esta esta entre los 20 a 29 años con el 20 y 21% del total de los grupos poblacionales.

Respecto a los datos de uso de las sustancias psicoactivas, en el último año se puede colegir para el caso de Pereira que la sustancia de mayor uso es la marihuana representada en un 7%, seguida de Analgésicos opioides y tranquilizantes sin formula médica con un total del 6%. Cocaína 2%, Hongos, Yagé y Cacao Sabanero 2%, Tusi, Tusibi o nexus con un 2%.

En el caso de Dosquebradas, el uso de sustancias durante el último año, que la sustancia de mayor uso es la marihuana representada en un 7%, seguida de Analgésicos opioides y tranquilizantes sin formula medica con un total del 4%. Cocaína 2%, Hongos, Yagé y Cacao Sabanero 1%, Tusi, Tusibi o nexus con un 2%.

En comparación con el estudio Nacional De Consumo de SPA en el 2019, en relación a la prevalencia de año, el Departamento de Risaralda estaba representado con un 7% mientras el estudio desarrollado por el PIRE en el 2022 está en el 10% en la ciudad de Pereira y Dosquebradas con un 9%, en relación con las sustancias de mayor consumo en Pereira y Dosquebradas con relación a la marihuana la representatividad a nivel departamental era de

un 6% en el 2019 y paso al 7 % en el 2022, en cada municipio, en Pereira los analgésicos opioides sin prescripción pasaron de un 0% a un 3% y tranquilizantes en Colombia estaba con un 1% y paso a un 3% en el 2022, mientras en Dosquebradas los analgésicos opioides de un 0% a un 2% y los tranquilizantes de un 1 % a un 2% en el 2023.

Según el estudio de cero prevalencia del año 2021: Entre los resultados más relevantes, la prevalencia de VIH por ciudad fue: Bogotá 3,2% (IC 1,2% - 8%); Medellín 11,2% (IC 7% - 17,2%); Pereira-Dosquebradas 17,6% (IC 12,1% - 24,7%) y Cali 23,9% (IC 17,4% - 31,8%). Esta prevalencia ha aumentado en las ciudades de Medellín, Cali y Pereira-Dosquebradas en varios puntos porcentuales, desde la última medición en 2014, mientras en Bogotá ha permanecido estable. Además, se estima que hay un total de 6601 personas que se inyectan drogas en los cuatro centros de estudio, siendo la red más amplia la de Bogotá con 2841 personas y la más reducida la de Medellín con 1183 personas. En Cali se estima que habrían 1349 PID y en Pereira- Dosquebradas 1228.

La ponderación de porcentaje para las cuatro ciudades indica que el 79,8% de las PID usó material estéril en el último evento de inyección, siendo ligeramente más alto en las mujeres (80,9%) que en los hombres (79,7%) y más alto en PID menores de 25 años (83,8%) que en mayores de 25 años (79,3%). En la última relación sexual el uso de condón se registra más alto en Pereira- Dosquebradas (66,0%) y más bajo en Bogotá (23,0%), mientras que alrededor de una de cada dos PID lo usó en Medellín y Cali. Los hallazgos para este último indicador muestran una notoria mejoría, cuando se comparan con los estudios previos. En Colombia persisten las barreras de acceso a tratamientos de sustitución que incluyen procedimientos administrativos rígidos, altos umbrales de exigencia para el ingreso a tratamiento, sometimiento a síntomas de abstinencia después del ingreso a programas de mantenimiento y sustitución (diseñados para evitar los síntomas de abstinencia) y esquemas de dosificación rígidos y por debajo de las dosis recomendadas. En cuanto a las características sociodemográficas se encuentran cambios importantes en el perfil desdescrito en estudios previos en particular en los niveles educativos, aunque la tendencia a presentar movilidad social descendente se conserva en todas las ciudades. De igual manera, los hallazgos indican que una de cada dos PID en Bogotá presenta más síntomas indicativos de depresión y de ansiedad, en Medellín como en Pereira-Dosquebradas, los índices son similares en tanto que entre el 41% y 47% de las personas presentan síntomas indicativos tanto de depresión como de ansiedad. En la ciudad de Pereira convergen varios situaciones, su ubicación geográfica, que la hace una ciudad de paso para otros destinos, su condición de ciudad turística y amable, entre otros, han hecho que el micro tráfico de sustancias ilícitas vea a la ciudad como un escenario propicio para el desarrollo de su negocio, trayendo consigo otras problemáticas como consecuencia del desarrollo de adicciones entre la población pereirana y de otros municipios que llegan buscando estas sustancias y espacios de consumo no supervisados, en los cuales las prácticas de inyección no son seguras y se propicia el intercambio de jeringas aumentando los riesgos de coinfección por VIH, VHB y VHC.

En el último estudio de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar “En cuanto a sustancias ilícitas, el 9,5% de los escolares ha consumido alguna vez en su vida al menos una sustancia ilícita, ligeramente mayor en las mujeres con un 9,7% en comparación con los hombres con un 9,4%. La prevalencia de consumo en el último año es del 6,7%, lo que representa aproximadamente unos 234 mil escolares. En RISARALDA esta prevalencia de consumo reciente es del 9.5% en 2022, presentando una disminución en comparación con el año 2016 donde se registró una prevalencia del 18.8% (sexto Departamento con mayor prevalencia).

Este estudio muestra que los escolares con padres o adultos cuidadores involucrados en sus vidas presentan niveles más bajos de consumo de alcohol y otras sustancias ilícitas. En comparación con los estudiantes cuyos padres o cuidadores muestran poco involucramiento, aquellos con padres o cuidadores más involucrados presentaron la mitad de la prevalencia mensual de consumo de alcohol y niveles de prevalencia ocho veces menores de consumo anual de cualquier sustancia ilícita”.

Referencia sobre los datos que hacen parte del resumen ejecutivo del Ministerio de Salud en presentación denominada, Consumo De Sustancias Psicoactivas Desde El Cuidado Integral, La Salud Pública Y Los Derechos Humanos, se detiene inicialmente en referir los ejes estructurales de la Política Nacional, posterior presenta el diagnostico situación general del consumo:

El Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) del Ministerio de Justicia y del Derecho ha desarrollado un sistema de estudios nacionales periódicos que abordan población escolar, universitaria, población general, personas privadas de la libertad, adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y mortalidad asociada al consumo, generando información estratégica para la comprensión integral del fenómeno.

El consumo de sustancias psicoactivas en Colombia constituye un fenómeno complejo y multicausal que afecta de manera diferenciada a diversos grupos poblacionales, requiriendo aproximaciones epidemiológicas rigurosas que permitan caracterizar su magnitud, distribución, tendencias y factores asociados como fundamento para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022, realizado con una muestra representativa de 87.508 estudiantes entre 12 y 18 años provenientes de 1.192 sedes educativas de 86 municipios del país, constituye la fuente de información más actualizada sobre patrones de consumo en adolescentes escolarizados. Este estudio revela datos preocupantes que evidencian la necesidad de fortalecer estrategias preventivas integrales en el entorno educativo, particularmente considerando que la adolescencia constituye un período crítico de vulnerabilidad neurobiológica, experimentación y consolidación de patrones de comportamiento que pueden persistir durante la vida adulta.

Factores de Riesgo y Protección en Población Escolar

Los estudios epidemiológicos han identificado consistentemente diversos factores que incrementan o reducen la probabilidad de inicio y mantenimiento del consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente y el involucramiento parental emerge como uno de los factores protectores más robustos, evidenciándose que, entre los escolares con menor involucramiento de sus padres o cuidadores en su vida cotidiana, existen mayores indicadores de consumo de sustancias. Esta asociación refuerza la importancia de programas preventivos que fortalezcan las competencias parentales, promuevan la comunicación familiar efectiva, favorezcan la supervisión y monitoreo apropiados según la edad, y construyan vínculos afectivos seguros que constituyan factores protectores fundamentales. La prevalencia de consumo de sustancias muestra variaciones significativas según el puntaje académico de los estudiantes.

Entre los escolares con menor rendimiento académico (puntaje 0-1 en escala de desempeño), la prevalencia de consumo de uso de sustancias en el último año resultó significativamente mayor (18,4%) comparada con estudiantes de alto rendimiento académico, quienes presentaron prevalencias más cercanas al promedio nacional (6,7%). Esta asociación puede interpretarse bidireccionalmente: el bajo rendimiento académico puede constituir tanto un factor de riesgo que incrementa la vulnerabilidad al consumo (por frustración, baja autoestima, desvinculación del proyecto educativo), como una consecuencia del consumo de sustancias (por deterioro cognitivo, ausentismo, problemas de concentración).

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Universitaria proporciona información valiosa sobre patrones de consumo, factores asociados y necesidades de atención en este segmento poblacional que representa un capital humano estratégico para el desarrollo del país. Los datos del estudio universitario evidencian prevalencias de consumo superiores a las observadas en población escolar para la mayoría de las sustancias, confirmando que la transición hacia la educación superior y el período de juventud temprana se asocian con mayor experimentación y consumo de sustancias psicoactivas. Esta tendencia se explica por múltiples factores incluyendo mayor autonomía personal, reducción de supervisión parental, integración a grupos de pares con normas de consumo, exposición a ambientes festivos y de ocio nocturno, estrés académico, y en algunos contextos, mayor accesibilidad económica a sustancias.

Las sustancias de mayor prevalencia en población universitaria incluyen alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, y en menor proporción sustancias sintéticas como éxtasis (MDMA) y LSD, que presentan mayor consumo en este grupo etario comparado con escolares. El patrón de consumo de alcohol en universitarios frecuentemente adopta la modalidad de "consumo episódico excesivo" (binge drinking), caracterizado por la ingesta de grandes cantidades de alcohol en períodos cortos de tiempo, típicamente en contextos de socialización recreativa de fin de semana. Este patrón resulta particularmente riesgoso por incrementar probabilidades de intoxicaciones agudas, accidentes, violencias, comportamientos sexuales de riesgo, y efectos neurotóxicos sobre el cerebro en desarrollo que aún continúa madurando hasta aproximadamente los 25 años.

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) 2023 aborda una población particularmente vulnerable que presenta elevadas prevalencias de consumo problemático y trastornos por uso de sustancias. Los adolescentes en el SRPA representan un grupo que ha experimentado múltiples formas de exclusión, vulneración de derechos, exposición a violencias, y en muchos casos, vinculación a economías ilícitas y estructuras criminales, factores que se asocian fuertemente con el uso problemático de drogas. Los resultados del estudio en población SRPA evidencian prevalencias de consumo significativamente superiores a las observadas en población escolar general, confirmando la fuerte asociación entre consumo problemático de sustancias y conductas delictivas en adolescentes. Las sustancias de mayor consumo en este grupo incluyen marihuana, bazuco (pasta base de cocaína), cocaína, inhalables y alcohol, con patrones frecuentemente caracterizados por policonsumo, inicio temprano, consumo diario o casi diario, y presencia de síntomas de dependencia. La elevada prevalencia de trastornos por uso de sustancias en adolescentes del SRPA subraya la necesidad de garantizar acceso efectivo a servicios especializados de tratamiento y rehabilitación como componente esencial de los procesos de responsabilización, reparación y reintegración social que constituyen la filosofía del sistema de justicia juvenil restaurativa. El vínculo entre consumo problemático de sustancias y delincuencia juvenil resulta complejo y multidireccional, el consumo puede preceder y facilitar la comisión de delitos mediante mecanismos como la necesidad de obtener recursos para financiar el consumo (delitos adquisitivos), la desinhibición comportamental producida por sustancias psicoactivas que reduce el control de impulsos y favorece conductas violentas o temerarias, y la vinculación a redes de narcotráfico y microtráfico como proveedores o distribuidores de sustancias. Simultáneamente, la vinculación a actividades delictivas puede facilitar el acceso a sustancias, normalizar su consumo en los grupos de pares delincuenciales, y generar condiciones de estrés, trauma y desesperanza que incrementan la vulnerabilidad al uso de drogas como mecanismo de afrontamiento desadaptativo.

La atención de adolescentes en el SRPA con problemas de consumo de sustancias exige enfoques integrales que articulen las dimensiones de justicia restaurativa, garantía de derechos, atención en salud mental y adicciones, protección, educación, formación para el trabajo y construcción de proyectos de vida alternativos. Los modelos de justicia terapéutica juvenil, que priorizan el tratamiento especializado sobre medidas exclusivamente punitivas, han demostrado efectividad en la reducción de reincidencia delictiva y facilitación de procesos de reintegración social exitosa cuando se implementan con calidad, integralidad y continuidad.

El Estudio de Mortalidad Asociada al Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013-2022 del Observatorio de Drogas de Colombia constituye un aporte fundamental para comprender las consecuencias más graves del consumo de sustancias, cuantificar su impacto en términos de años de vida potencialmente perdidos, identificar tendencias temporales y variaciones geográficas, y orientar estrategias de prevención de muertes evitables. La mortalidad asociada al consumo de sustancias representa apenas la punta del iceberg de la carga de enfermedad y sufrimiento humano generado por los trastornos por uso de drogas, pero constituye un indicador trazador de máxima gravedad que refleja fallas en los sistemas de prevención, detección temprana y atención oportuna.

El análisis de la década 2013-2022 revela tendencias preocupantes en diversos indicadores de mortalidad. las muertes por intoxicación aguda con sustancias psicoactivas, incluyendo sobredosis por opioides (heroína, fentanilo, medicamentos opioides), estimulantes (cocaína, anfetaminas) y otras sustancias, han mostrado incrementos en años recientes, particularmente asociados a la circulación de sustancias adulteradas o de alta potencia, el policonsumo que incrementa exponencialmente los riesgos, y el limitado acceso a servicios de emergencia y medicamentos salvavidas como naloxona. Las causas de muerte asociadas a consumo crónico de sustancias incluyen enfermedades hepáticas (cirrosis alcohólica, hepatitis virales en personas que se inyectan drogas), enfermedades cardiovasculares (cardiomiopatías, arritmias, infartos asociados al consumo de cocaína y otras sustancias estimulantes), neoplasias (cánceres asociados al consumo de tabaco y alcohol), enfermedades infecciosas (VIH/SIDA, tuberculosis, endocarditis bacteriana en usuarios de drogas inyectables), y trastornos mentales graves con comorbilidades físicas. Estas muertes, aunque ocurren tras años o décadas de consumo problemático, frecuentemente afectan a personas en edades productivas, generando un impacto devastador en familias, comunidades y sistemas de salud.

Los suicidios asociados a trastornos por uso de sustancias representan otra dimensión crítica de la mortalidad, la comorbilidad entre trastornos por uso de sustancias y trastornos mentales, particularmente depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad y trastorno de estrés postraumático, incrementa significativamente el riesgo suicida. Las personas con trastornos por uso de sustancias presentan tasas de suicidio entre 10 y 14 veces superiores a la población general, riesgo que se acentúa durante períodos de intoxicación aguda (que favorece comportamientos impulsivos), durante crisis de abstinencia (que genera disforia y desesperanza), y en contextos de deterioro social progresivo asociado al consumo crónico. Las muertes violentas asociadas indirectamente al consumo de sustancias, incluyendo homicidios en contextos de narcotráfico, ajustes de cuentas por deudas relacionadas con drogas, violencias interpersonales facilitadas por intoxicación, y accidentes de tránsito bajo efectos de sustancias, representan una proporción significativa de la mortalidad en población joven, aunque la causalidad resulta compleja y multicausal, la evidencia epidemiológica documenta asociaciones consistentes entre consumo problemático de sustancias y mayor riesgo de victimización y perpetración de violencias.

El análisis de mortalidad por Departamentos revela importantes variaciones geográficas que reflejan diferencias en patrones de consumo, acceso a servicios de salud, exposición a sustancias de alta potencia, prevalencia de inyección de drogas, y capacidades de respuesta institucional ante emergencias por intoxicación. Departamentos como Risaralda, con presencia documentada de consumo de heroína inyectable y bazuco, enfrentan riesgos específicos de mortalidad por sobredosis, transmisión de enfermedades infecciosas, y complicaciones médicas asociadas a la inyección de sustancias, lo que exige fortalecer estrategias de reducción de daños, distribución de naloxona, educación en prevención de sobredosis, y servicios de bajo umbral que permitan alcanzar a poblaciones usuarias marginalizadas.

Plan Integral y desafíos futuros

El panorama epidemiológico del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y específicamente en Risaralda evidencia tendencias emergentes que plantean desafíos significativos para las políticas públicas. La aparición de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) sintéticas, comercializadas bajo denominaciones como "Tusi" (mezcla que frecuentemente contiene ketamina, MDMA y otras sustancias), "sales de baño", cannabinoides sintéticos, y diversas variantes de fentanilos y análogos sintéticos, representa un reto para los sistemas de vigilancia epidemiológica, control sanitario y respuesta clínica. La transformación de los mercados de drogas con mayor presencia de sustancias adulteradas, mezclas de múltiples componentes comercializadas bajo una denominación única, y variabilidad en pureza y composición, incrementa exponencialmente los riesgos para personas usuarias que desconocen la verdadera naturaleza de lo que consumen. Esta realidad justifica la implementación de servicios de análisis de sustancias (drug checking) como estrategia de reducción de daños que permite informar a usuarios sobre la composición real de las sustancias, alertar sobre presencia de adulterantes peligrosos, y generar sistemas de alertas tempranas que protejan a comunidades usuarias.

El incremento del consumo de opioides, tanto heroína en zonas específicas como uso problemático de medicamentos opioides analgésicos, plantea desafíos de salud pública que requieren respuestas integrales incluyendo regulación apropiada de la prescripción médica de opioides, educación a profesionales de la salud en manejo del dolor y prevención de adicción iatrogénica, acceso a tratami-

-entos de sustitución opiácea con metadona o buprenorfina, y distribución masiva de naloxona como medicamento salvador de vidas ante sobredosis.

La pandemia de COVID-19 generó impactos significativos en los patrones de consumo de sustancias, las dinámicas de los mercados de drogas, y el acceso a servicios de prevención y tratamiento. Los períodos de confinamiento se asociaron con incrementos en consumo de alcohol en hogares, exacerbación de problemas de salud mental que favorecen el uso de sustancias como automedicación, interrupciones en tratamientos de sustitución y programas de reducción de daños, y mayor vulnerabilidad de personas en situación de habitabilidad en calle que consumen drogas. simultáneamente, los mercados ilícitos de drogas demostraron capacidad de adaptación mediante nuevas modalidades de distribución incluyendo entregas a domicilio y uso de tecnologías digitales.

El presente análisis epidemiológico evidencia que el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y Risaralda presenta magnitudes significativas, afecta de manera diferenciada a diversos grupos poblacionales, muestra tendencias de incremento en ciertos indicadores, y plantea desafíos complejos que exigen respuestas integrales, intersectoriales, basadas en evidencia científica y centradas en derechos humanos. Los datos proporcionados por los estudios nacionales del Observatorio de Drogas constituyen insumos fundamentales para la priorización de acciones en el Plan Departamental de Drogas 2024-2027, permitiendo focalizar intervenciones en poblaciones de mayor vulnerabilidad, sustancias de mayor impacto, y territorios con mayor carga del problema.

Oferta de Drogas

La caracterización de la oferta de drogas en el departamento de Risaralda evidencia un fenómeno complejo relacionado con la posición geográfica estratégica del territorio, la presencia de corredores de tráfico que conectan zonas de producción con centros de consumo y puertos de salida, dinámicas de microtráfico consolidadas en zonas urbanas vulnerables, y transformaciones en los mercados locales de sustancias psicoactivas, según los resultados en las mesas de trabaja grupo focal del Comité Departamental de Drogas se encuentra las siguientes respuestas además de los mapeos de referenciación del fenómeno en tres dimensiones

El proceso de diagnóstico del Plan Integral Departamental de Drogas de Risaralda se desarrolló mediante metodologías participativas que incluyeron cuatro Comités Departamentales de Drogas realizados entre julio y noviembre de 2024, ejercicios de mapeo territorial por municipios, mesas de trabajo sectoriales, grupos focales con actores institucionales y comunitarios, y análisis de información secundaria proveniente de estudios nacionales y registros administrativos departamentales y municipales. La validación de problemas contó con la participación de 61 actores representantes de instituciones públicas, academia, organizaciones de la sociedad civil, prestadores de servicios de salud, organizaciones comunitarias de base, colectivos juveniles y personas con experiencia vivida en consumo de sustancias.

La focalización de municipios para la implementación de intervenciones específicas del Plan Departamental de Drogas se realizó mediante análisis multicriterio que consideró indicadores epidemiológicos, vulnerabilidad sociodemográfica, capacidades institucionales instaladas, características geográficas y de accesibilidad, y priorización participativa realizada por actores territoriales en los Comités Departamentales de Drogas.

En cuanto al desarrollo de los Mapas de Diagnóstico de Drogas, en el departamento de Risaralda, se ubicaron dentro de los mapas de diferentes municipios los puntos referentes a: consumo y expendio de sustancias (Puntos rojos), factores de protección (Puntos verdes), oferta institucional (Puntos azules). Nota. No todas las convenciones se reflejan en el mapa por la dificultas para la ubicación geográfica

Figura 1.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de Pereira

Figura 2.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de Santa

• Rosa de Cabal
• Figura 5.
• Figura 3.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de Marsella

Figura 4.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de La Celia

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de Guática

Figura 6.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de Dosquebradas

Figura 7.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de Balboa

Figura 8.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de Mistrató

Figura 9.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de Santuario

Figura 10.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de La Virginia

Figura 11.

Mapa de diagnóstico de drogas para el municipio de Pueblo Rico

El proceso de diagnóstico del Plan Integral Departamental de Drogas de Risaralda se desarrolló mediante metodologías participativas que incluyeron cuatro Comités Departamentales de Drogas realizados entre julio y noviembre de 2024, ejercicios de mapeo territorial por municipios, mesas de trabajo sectoriales, grupos focales con actores institucionales y comunitarios, y análisis de información secundaria proveniente de estudios nacionales y registros administrativos departamentales y municipales. La validación de problemas contó con la participación de 61 actores representantes de instituciones públicas, academia, organizaciones de la sociedad civil, prestadores de servicios de salud, organizaciones comunitarias de base, colectivos juveniles y personas

Los mapas evidencian una marcada concentración del fenómeno del consumo y expendio de sustancias psicoactivas en el Área Metropolitana Centro Occidente conformada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia, que alberga aproximadamente el setenta por ciento de la población departamental. En estos territorios urbanos se identificaron múltiples puntos de expendio ubicados estratégicamente en cercanías de instituciones educativas, parques públicos, zonas de comercio informal y barrios de alta vulnerabilidad socioeconómica.con experiencia vivida en consumo de sustancias. La cartografía participativa revela la existencia de "ollas" o lugares de consumo abierto en sectores específicos, viviendas abandonadas utilizadas como espacios de consumo, y corredores urbanos donde opera el microtráfico de manera sistemática. Esta geografía del consumo se superpone con mapas de pobreza, desempleo juvenil, deserción escolar y violencias urbanas, confirmando la multicausalidad del fenómeno y la necesidad de respuestas integrales que aborden simultáneamente determinantes sociales estructurales y consecuencias sanitarias inmediatas mediante servicios especializados de alto impacto.

Los mapas de municipios rurales como Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía revelan patrones diferenciados de consumo asociados principalmente a alcohol y marihuana, con la particularidad documentada de utilización de sustancias psicoactivas como forma de pago a jornaleros agrícolas en fincas cafeteras y cultivos diversos. Esta práctica normalizada culturalmente perpetúa ciclos de dependencia y vulnerabilidad económica en población trabajadora rural que enfrenta condiciones laborales precarias, salarios insuficientes y ausencia de protección social formal.

Los mapas también identifican la presencia de grupos armados organizados en zonas rurales de difícil acceso, vinculados a economías ilícitas del narcotráfico que utilizan estos territorios como corredores de tráfico hacia el litoral Pacífico y otros departamentos. La dispersión poblacional, las distancias a cabeceras municipales, la limitada infraestructura vial y la escasa presencia de servicios especializados de salud configuran barreras geográficas y estructurales que dificultan el acceso a prevención, tratamiento y reducción de daños para habitantes rurales.

La cartografía participativa permitió georreferenciar poblaciones específicas en situación de mayor vulnerabilidad frente al consumo problemático de sustancias, incluyendo niños y adolescentes en contexto de calle, personas en situación de habitabilidad en calle que consumen bazuco y heroína inyectable, trabajadoras sexuales expuestas a múltiples violencias y consumo asociado, adolescentes en conflicto con la ley vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, mujeres gestantes usuarias de sustancias con limitado acceso a servicios prenatales, y personas que se inyectan drogas concentradas en sectores específicos de Pereira y Dosquebradas.

Los mapas identifican "hotspots" o zonas de alta concentración donde convergen expendio, consumo y vulnerabilidad social extrema, territorios que requieren intervenciones intensivas, integrales y sostenidas que articulen salud, protección social, justicia, seguridad ciudadana y desarrollo comunitario. Esta información especializada constituye insumo estratégico para focalización de recursos limitados hacia territorios y poblaciones prioritarias.

Los ejercicios de mapeo incorporaron la identificación y georreferenciación de la oferta institucional disponible para prevención, tratamiento y reducción de daños, evidenciando una distribución inequitativa con alta concentración de servicios especializados en Pereira (Hospital Mental Universitario de Risaralda, CAMAD, servicios de salud mental en IPS privadas, programas universitarios de prevención) y disponibilidad limitada o inexistente en municipios pequeños y zonas rurales dispersas.

Los mapas visibilizan factores protectores territoriales como presencia de organizaciones comunitarias de base, instituciones educativas implementando programas preventivos, coaliciones comunitarias activas, espacios deportivos y culturales, grupos de autoayuda y redes de apoyo informal que constituyen activos comunitarios fundamentales. Esta caracterización simultánea de factores de riesgo y factores protectores territorializados permite diseñar estrategias de fortalecimiento comunitario que potencien recursos locales existentes mientras se amplía progresivamente la cobertura de servicios especializados mediante dispositivos móviles, telesalud y formación de agentes comunitarios capacitados.

Conclusiones y recomendaciones

El diagnóstico integral desarrollado mediante metodologías participativas durante el año 2024 confirma que el consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de Risaralda constituye un fenómeno complejo, multicausal y heterogéneo que afecta de manera diferenciada a diversos grupos poblacionales y territorios. El alcohol emerge como la sustancia de mayor prevalencia e impacto sanitario y social, con consumo normalizado culturalmente que afecta a más del 30% de estudiantes escolares a nivel nacional según datos de referencia del Estudio Nacional de consumo 2022.

La marihuana se consolida como la sustancia ilícita de mayor consumo presente en los catorce municipios del Departamento, mientras que sustancias de alto impacto como heroína inyectable y bazuco se concentran principalmente en zonas urbanas vulnerables del Área Metropolitana. La edad promedio de inicio en el consumo se ubica entre los once y trece años, evidenciando que la experimentación con drogas ocurre durante la adolescencia temprana, período de máxima vulnerabilidad neurobiológica y social que requiere intervenciones preventivas intensivas, oportunas y basadas en evidencia científica.

El análisis de determinantes sociales del consumo revela que la problemática de las drogas en Risaralda se encuentra profundamente arraigada en condiciones estructurales de inequidad, exclusión y vulnerabilidad social. La disfuncionalidad familiar, el bajo involucramiento parental, la falta de oportunidades educativas y laborales para jóvenes, el desempleo juvenil, la deserción escolar, la exposición a violencias múltiples, la pobreza y la normalización cultural del consumo configuran un entramado complejo de factores de riesgo que incrementan exponencialmente la vulnerabilidad de niños, adolescentes y jóvenes frente al uso problemático de sustancias.

Por otro lado, los mapas de diagnóstico territorial evidencian una distribución espacial heterogénea del fenómeno del consumo que exige estrategias diferenciadas según características geográficas, demográficas, culturales y socioeconómicas de cada zona. El Área Metropolitana Centro Occidente, que concentra el 70% de la población Departamental, presenta la mayor complejidad del fenómeno con presencia de todas las sustancias incluyendo heroína inyectable, bazuco, cocaína, marihuana, alcohol y sustancias emergentes como 2C-B "Tusi", requiriendo servicios especializados de alta complejidad, dispositivos de bajo umbral, estrategias de reducción de riesgos y daños, intercambio de jeringas, distribución de naloxona y tratamientos de sustitución con metadona. Se podría analizar que basados en la nueva Política Nacional de Drogas, se considere la creación de una Sala de consumo supervisado, en articulación con los municipios de Pereira y Dosquebradas.

Los municipios intermedios presentan dinámicas rururbanas mixtas con predominio de alcohol y marihuana, necesitando fortalecimiento de prevención universal, zonas de orientación y capacitación de talento humano local. Las zonas rurales, particularmente Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía, enfrentan problemáticas específicas como consumo en contextos laborales agrícolas, pago con sustancias a jornaleros, presencia de grupos armados organizados vinculados al narcotráfico, población indígena que requiere enfoque diferencial étnico, y limitaciones severas de acceso a servicios especializados que demandan estrategias móviles, telesalud y fortalecimiento de agentes comunitarios.

El diagnóstico de la red prestadora de servicios revela brechas críticas en la disponibilidad, accesibilidad, calidad y continuidad de intervenciones de prevención, tratamiento y reducción de daños. La prevención universal presenta cobertura insuficiente, discontinuidad programática relacionada con cambios de gobierno, limitada implementación de programas basados en evidencia científica y débil articulación intersectorial. Los servicios de detección temprana e intervención breve resultan escasos en atención primaria por capacitación insuficiente del talento humano y ausencia de protocolos estandarizados.

La oferta de tratamiento especializado se concentra geográficamente en Pereira con capacidad limitada, altos costos que constituyen barreras para población vulnerable, y escasa diversificación de modalidades (ambulatorias, residenciales, hospitalización día). Las estrategias de reducción de riesgos y daños presentan implementación incipiente limitada a experiencias puntuales como CAMAD en Pereira y programas focalizados de intercambio de jeringas, mientras persiste ausencia de salas de consumo supervisado, distribución comunitaria masiva de naloxona, servicios de análisis de sustancias y tratamientos de sustitución opiácea con metadona o buprenorfina. Esta caracterización evidencia que el sistema Departamental de respuesta al consumo de sustancias requiere fortalecimiento integral, ampliación de cobertura territorial y diversificación de modalidades de atención.

A pesar de las brechas documentadas, el diagnóstico identifica fortalezas institucionales y comunitarias significativas que constituyen activos estratégicos para la implementación del Plan Departamental de Drogas. La existencia de instancias de coordinación como el Comité Departamental de Drogas y el Consejo Seccional de Estupefacientes proporciona espacios formales de gobernanza, articulación intersectorial y seguimiento.

La presencia del Hospital Mental Universitario de Risaralda (HOMERIS) como institución especializada de referencia departamental, la red de Centros de Atención y Diagnóstico para la Reducción de la Dependencia (CADRI) en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa, y la implementación piloto de CAMAD constituyen infraestructura sanitaria fundamental susceptible de fortalecimiento y ampliación. Las organizaciones comunitarias de base, colectivos juveniles, coaliciones comunitarias DOMES, grupos de autoayuda, organizaciones de personas usuarias y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en reducción de daños representan capital social valioso para amplificar el alcance y pertinencia cultural de las intervenciones institucionales.

El diagnóstico identifica poblaciones específicas en situación de máxima vulnerabilidad que requieren intervenciones diferenciadas, intensivas y especializadas. Los niños y adolescentes entre once y diecisiete años constituyen grupo prioritario por encontrarse en edad crítica de iniciación al consumo, con factores de riesgo acumulativos como disfunción familiar, bajo rendimiento académico, deserción escolar, exposición a violencias y escasas oportunidades de desarrollo.

Las personas que se inyectan drogas (PID) concentradas en zonas específicas de Pereira y Dosquebradas enfrentan riesgos extremos de sobredosis, transmisión de VIH y hepatitis virales, complicaciones médicas asociadas a inyección, estigmatización severa y exclusión de servicios de salud, demandando urgentemente estrategias integrales de reducción de daños que incluyan intercambio de jeringas, distribución de naloxona, testeo de enfermedades infecciosas, vinculación a tratamiento de sustitución y atención de comorbilidades. La población en situación de habitabilidad en calle que consume bazuco y heroína requiere dispositivos de bajo umbral, servicios de acogida, satisfacción de necesidades básicas, atención de salud sin condicionalidad de abstinencia y rutas de inclusión social.

Los adolescentes en el SRPA presentan prevalencias de consumo problemático significativamente superiores al promedio poblacional, necesitando modelos de justicia terapéutica juvenil que prioricen tratamiento especializado sobre medidas exclusivamente punitivas. Las mujeres gestantes usuarias de sustancias, población LGBTIQ+, población indígena en zonas rurales y adultos mayores con consumo problemático de alcohol y medicamentos constituyen grupos adicionales que demandan enfoques diferenciales adaptados a sus vulnerabilidades y necesidades específicas.

El análisis integral del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en Risaralda confirma que respuestas efectivas, sostenibles y respetuosas de la dignidad humana requieren trascender enfoques fragmentados, exclusivamente sanitarios o punitivos, adoptando perspectivas integrales, intersectoriales y fundamentadas en derechos humanos. La multicausalidad del fenómeno exige convergencia coordinada de sectores de salud, educación, protección social, desarrollo económico, cultura, deporte, recreación, justicia, seguridad ciudadana y vivienda, cada uno aportando desde sus competencias específicas a la transformación de determinantes estructurales y la garantía de derechos.

La formulación del Plan Integral Departamental de Drogas 2024-2027 constituye paso fundamental hacia la institucionalización, pero debe complementarse con la elaboración y aprobación formal de una Política Pública de Drogas de Risaralda mediante ordenanza departamental que establezca principios rectores, objetivos estratégicos, líneas de acción prioritarias, mecanismos de financiación sostenible, sistemas de monitoreo y evaluación, y asignación de competencias institucionales que garanticen continuidad independientemente de cambios en administraciones gubernamentales.

En vista de lo anterior, se recomienda ampliar progresivamente la cobertura del programa Familias Fuertes, Amor y Límites hasta alcanzar como mínimo trescientas familias anuales en los catorce municipios del Departamento durante la vigencia del plan, priorizando familias con adolescentes en situación de riesgo identificadas mediante trabajo articulado entre sectores de salud, educación y protección social.

También, mantener y fortalecer la implementación de Escuelas Saludables y Zonas de Orientación Escolar (ZOE) en las catorce cabeceras municipales, garantizando que cada institución educativa cuente con al menos un profesional de orientación escolar capacitado en detección temprana, intervención breve, activación de rutas de atención y fortalecimiento de factores protectores.

Desarrollar programas de prevención selectiva dirigidos específicamente a estudiantes con bajo rendimiento académico, dado que datos epidemiológicos documentan prevalencias de consumo dos punto siete veces superiores al promedio en este grupo.

Expandir estrategias de prevención hacia entornos universitarios mediante consolidación de la Red de Zonas de Orientación Universitaria (ZOU) en las cuatro instituciones de educación superior priorizadas, implementando servicios de orientación, consejería entre pares, educación sobre reducción de riesgos en contextos recreativos, prevención de consumo episódico excesivo de alcohol y articulación con servicios de salud estudiantil.

Ampliar las doce Coaliciones Comunitarias existentes en Pereira y Dosquebradas hacia otros municipios del departamento, garantizando participación genuina de habitantes, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, organizaciones de base, sectores religioso y empresarial, instituciones educativas y de salud locales.