la revista del contador
En un esfuerzo continuo por mantener a la comunidad empresarial y contable a la vanguardia normativa en materia fiscal y financiera, el Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco A.C. llevó a cabo este 22 de julio de 2026 el curso especializado "Reformas Ley Antilavado 2025 y su Reglamento 2026", impartido por el especialista Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo.
El evento, que se transmitió vía Zoom y de manera presencial en el Hotel Fiesta Inn dentro del centro comercial La Isla, reunió a destacados líderes gremiales, entre ellos la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco, la vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, así como invitados especiales del ámbito económico y legal de la región.
Durante la jornada académica, se abordaron las implicaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) para los catalogados como "proveedores de actividades vulnerables".
Organizado por el Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco A.C., el encuentro capacitó a profesionales de la contaduría, empresarios y especialistas del sector sobre el nuevo reglamento publicado en marzo de 2026.
El ponente, Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo, enfatizó la importancia de cumplir rigurosamente con las nuevas disposiciones, tales como:
Nuevos criterios para avisos: Reglas actualizadas según la fecha de celebración de las operaciones.
Prohibiciones de pagos en efectivo: Análisis detallado de los límites del Artículo 32 de la Ley Antilavado, las alternativas legales y la postura de los Tribunales frente al reglamento dictado el 27 de marzo de 2026.
Facultades de comprobación y sanción: Procedimientos de revisión más estrictos expedidos por la autoridad y el periodo obligatorio de conservación de la documentación probatoria.
Las autoridades de los colegios profesionales de Guadalajara y Costa Vallarta coincidieron en que el desconocimiento de la norma no exime de las responsabilidades, advirtiendo que las multas administrativas por incumplimiento pueden resultar exorbitantes para el sector productivo.