Toro
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Carlos Andrés Morales Mar Iniciativa de Reforma Constitucional en materia... 109 y distribución sin fines de lucro al país. El Ejecutivo promovió un agregado al artículo 27 constitucional para que no se otorgaran concesiones a particulares en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Con estos precedentes, el 13 de diciembre del mismo año, el Congreso adiciona el párrafo sexto al mencionado artículo para disponer que "corresponde exclusivamente a la Nación generar, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público" y aprovechar "los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines". Gracias a ello, fue posible ampliar la capacidad de generación para atender las necesidades de crecimiento industrial y urbano, y sentar las bases de la formación de una red eléctrica nacional (Herrera, 2012).
En diciembre de 1992, el Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el esquema de productores independientes, la energía eléctrica generada por ellos, debe venderse exclusivamente a la CFE. Asimismo, los cambios legislativos crearon las figuras de generación de energía eléctrica para autoabastecimiento y cogeneración, que incluye los fines de exportación e importación.
El esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica originalmente fue otorgado para que grandes fábricas generaran y consumieran su electricidad, y si para ello necesitaban hacer uso de la red de transmisión y distribución de la CFE, pagaban por dicho uso "porteo". Como resultado del primer contrato de este tipo formalizado en 1998, los pagos establecidos se basaron en la infraestructura y costos de uso de la red de ese momento y debían ser actualizados de manera multianual (cada 3 o 5 años) por parte de la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Sin embargo, la actualización no se realizó hasta el 2020, lo que ha significado que por un periodo de más de 22 años los pagos de porteo no cubran la totalidad de los costos reales y representen menos del 18% del costo. Adicionalmente en el 2010, la CRE estableció tarifas preferenciales al DR ©2022. Revista de Administración Pública https://inap.mx/revista-de-administracion-publica/