Revista de Derecho de Daños en el Ecuador

Quito-Ecuador

Abg. Diego Fernando Valencia Pérez

La responsabilidad extracontractual en el ordenamiento jurídico ecuatoriano

• Autor: Abg. Diego Fernando Valencia Pérez
• Editorial Ebooks del Ecuador
• Director David F. Moreno
• Diseño y Maquetación: Esteban Ayala

Corrección Redacción y Ortografía: Angelica San Martín

Contáctos: Cel: +593 98 298 4040 E-mail: [email protected]

• Dedicatoria......................................................................................................................4 Sobre el Autor...................................................................................................................4 Resumen............................................................................................................................5 Introducción.....................................................................................................................5
• Fundamentos Conceptuales y Doctrinarios
• Fundamento Constitucional de la Responsabilidad

Elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual..............10 3.2.1. Daño material o patrimonial

• 3.2.2. Daño moral o extrapatrimoniall
• 3.2.3. Daño emergente y lucro cesante
• 3.3.1. Conducta ilícita como elemento configurador
• 3.3.2. Modalidades de la conducta ilícita
• 3.3.2.1 Conducta dolosa
• 3.3.2.2 Conducta culposa
• 3.3.3. Omisión y responsabilidad
• 3.4.1. Teorías de la causalidad
• 3.4.2. Causalidad inmediata y mediata
• 3.4.3. Causalidad y responsabilidad concurrente

3.5.1. El principio de culpa como factor general

3.5.2. Responsabilidad objetiva y nuevos paradigmas

.......17 3.5.2.1. Fundamentos de la responsabilidad objetiva.......................................17 3.5.2.2. Responsabilidad por actividades peligrosas ....................................18 3.5.2.3. Responsabilidad estatal por servicios públicos

3.5.3. Responsabilidad por productos defectuosos

3.5.4. Responsabilidad por daños ambientales

La reparación integral en el constitucionalismo ecuatoriano

4.2.1. La compensación

4.2.2. La rehabilitación

25 4.2.3. Las medidas de satisfacción ....................................................................26 4.2.4. Las garantías de no repetición.....................................................................26

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, por la Universidad de lasAméricas (UDLA).

Abogado Especialista en Derecho Notarial y Registral, por el Instituto deAltos Estudios Nacionales (IAEN).

Notario Suplente del Cantón Quito.

Dedicatoria

A mi esposa, por ser mi compañera incansable, mi apoyo constante y mi inspiración diaria.

A mi hija, por recordarme cada día que en las cosas más sencillas, está la felicidad y el amor verdadero.

A mis padres, por enseñarme con su ejemplo el valor del esfuerzo, la honestidad y el amor incondicional.

A mi hermano, Mi primer amigo y mi ejemplo a seguir.

Con todo mi amor y gratitud, dedico estas páginas a ustedes, mi mayor motivo y mi mayor orgullo.

Abg. Diego Fernando Valencia Pérez

La responsabilidad extracontractual es uno de los pilares fundamentales del derecho civil ecuatoriano, constituyendo un mecanismo clave de reparación integral que va más allá de las relaciones contractuales, con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas. Este artículo realiza un análisis exhaustivo de los fundamentos doctrinales, constitucionales y dogmáticos de esta institución jurídica en el contexto del ordenamiento jurídico ecuatoriano, explorando sus elementos constitutivos y su evolución jurisprudencial. Mediante un enfoque crítico, se demuestra cómo la responsabilidad extracontractual ha emergido como una herramienta efectiva para asegurar la reparación de daños en un Estado constitucional de derechos y justicia.

Introducción

La responsabilidad extracontractual se erige como una de las expresiones más relevantes del principio de justicia distributiva en el derecho ecuatoriano, consolidándose como un sistema jurídico que supera los límites tradicionales de la autonomía privada para asegurar una tutela amplia de los derechos subjetivos. En el escenario jurídico actual, esta figura ha adquirido especial trascendencia, particularmente a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, que fortaleció los estándares de protección de los derechos fundamentales y estableció nuevos lineamientos en torno a la reparación integral.

El propósito del presente estudio es desarrollar un examen estructurado y crítico de los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan la responsabilidad extracontractual en el ordenamiento ecuatoriano, analizando su evolución conceptual, los elementos que la integran y su tratamiento jurisprudencial dentro del modelo de Estado constitucional de derechos y justicia.

Fundamentos Conceptuales y Doctrinarios

1.1. Evolución Conceptual

La responsabilidad extracontractual, también conocida como responsabilidad civil delictual y cuasidelictual, ha evolucionado históricamente como respuesta a la necesidad de ofrecer mecanismos de reparación frente a daños producidos fuera del ámbito de las relacionescontractuales.Talcomosostiene BustamanteAlsina,su esencia radica en“la obligación de reparar los daños causados con independencia de la existencia de un vínculo contractual previo”, lo que refleja un principio universal del derecho según el cual toda persona que ocasiona un daño injustificado a otra debe asumir su reparación. Esta idea, inicialmente asociada a concepciones rudimentarias de justicia retributiva, se ha transformado progresivamente hasta consolidarse como un derecho fundamental dentro del constitucionalismo contemporáneo.

En Ecuador, la responsabilidad extracontractual ha seguido una trayectoria marcada por profundos cambios normativos y jurisprudenciales. Su configuración moderna comenzó con la promulgación del Código Civil de 1861, cuyo contenido sentó las bases de un sistema que, con el paso del tiempo, ha ido adaptándose a nuevas exigencias sociales y jurídicas. La evolución doctrinaria y jurisprudencial ecuatoriana revela que este régimen de responsabilidad responde a la necesidad de preservar la convivencia armónica entre los miembros de la sociedad, asegurando que todo daño injustamente causado sea reparado de manera adecuada y proporcional.

El fundamento normativo de la responsabilidad extracontractual en el derecho ecuatoriano se encuentra en el artículo 2214 del Código Civil, que dispone que toda persona que comete un delito o cuasidelito que cause daño a otra está obligada, por regla general, a indemnizarlo. Estadisposicióncontienelareglamatrizdel sistema, pues establece que la reparación constituye la consecuencia jurídica natural de la producción de un daño ilícito. En otras palabras, fija el principio general de que ningún perjuicio injustificado puede quedar sin reparación.

Sin embargo, el alcance de la responsabilidad extracontractual no se limita a la normativa civil. Su dimensión es más amplia y abarca todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, encontrando su máxima expresión en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Estos instrumentos elevan la reparación de daños a la categoría de derecho fundamental y exigen que los operadores jurídicos adopten criterios de interpretación orientados a garantizar una protección integral y efectiva de las personas frente a cualquier vulneración de sus derechos.

Fundamento Constitucional de la Responsabilidad

2.1. La Constitución como Norma Fundacional

La Constitución ecuatoriana de 2008 marcó un punto de inflexión en el reconocimiento y la protección del derecho a la reparación integral.Como señala Diego F. Mogrovejo Jaramillo, la responsabilidad estatal implica reparar las violaciones de derechos que se produzcan por la falta o la prestación deficiente de servicios públicos, así como por acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de funciones públicas. El artículo 11, numeral 9, refuerza este principio al establecer que toda persona tiene derecho a acceder a bienes y servicios de calidad y que la vulneración de derechos genera responsabilidad. La norma agrega que toda decisión u omisión estatal debe sujetarse al deber de reparar los daños ocasionados. Este mandato constitucional introduce un principio de responsabilidad de amplio alcance que supera las concepciones clásicas de la responsabilidad civil y configura un sistema integral aplicable tanto al ámbito estatal como al privado. Su incidencia se proyecta sobre cualquier tipo de derecho vulnerado, ya sea de naturaleza civil, política, económica, social o cultural, consolidando un modelo reforzado de protección en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia.

La Constitución ecuatoriana, en sus artículos 18 y 66, reconoce un conjunto amplio de derechos fundamentales cuya vulneración genera de manera inmediata el deber de reparar. El artículo 18 garantiza la integridad personal en sus dimensiones física, psicológica y sexual, y establece que ninguna persona puede ser amenazada ni sufrir atentados contra su vida. El artículo 66, por su parte, reconoce derechos esenciales como la vida, la libertad, la seguridad integral, el desarrollo personal, la igualdad formal y material, la no discriminación, la libertad de opinión y expresión y la participación.

La relación entre estos derechos fundamentales y el deber de reparar ha dado lugar a un sistema de protección integral que supera las concepciones clásicas de responsabilidad civil. En este modelo, la reparación no se limita a un resarcimiento económico. Incluye también medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en coherencia con el principio de reparación integral propio del Estado constitucional de derechos y justicia. En consecuencia, la dignidad humana se convierte en el eje rector del sistema de responsabilidad y en el parámetro para determinar la amplitud de las medidas reparadoras.

2.3. Estado constitucional de derechos y justicia

El Ecuador se ha consolidado como un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que representa una transformación profunda en la forma de comprenderlos derechos y los mecanismos destinados a protegerlos. Este modelo supone que los derechos fundamentales poseen eficacia directa y son aplicables tanto en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos como en las que se desarrollan entre particulares. La vigencia de los derechos deja de depender exclusivamente de normas infra constitucionales y se proyecta de manera inmediata en todos los ámbitos de la vida social.

En este contexto, la responsabilidad extracontractual se convierte en un instrumento esencial para la realización efectiva de los principios constitucionales. Su función no se limita a restablecer patrimonios afectados, sino que garantiza que toda vulneración de un derecho fundamental sea reparada de manera plena, adecuada y oportuna. De este modo, la reparación adquiere una dimensión integral que incluye restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, en coherencia con el mandato constitucional de tutela efectiva y con la centralidad de la dignidad humana en el ordenamiento jurídico.

Elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual

3.1. El daño: fundamento material de la responsabilidad

El daño constituye el presupuesto esencial de la responsabilidad extracontractual y es,entérminosestrictos,elpuntodepartida sin el cual esta no puede configurarse. Tal como señalaTerán en su estudio sobre esta materia, “el daño es el elemento esencial de la responsabilidad extracontractual, ya que él le da origen; sin daño, no es posible hablar de responsabilidad” (p. 52). Esta afirmación sintetiza el rasgo estructural del sistema: la responsabilidad.

3.2.1. Daño material o patrimonial

El daño material o patrimonial se caracteriza por afectar de manera directa los bienes económicos de la persona.Puede manifestarse como una disminución real de su patrimonio, conocida como daño emergente,o como la pérdida de utilidades o beneficios legítimos, lo que constituye el lucro cesante. Debido a su naturaleza cuantificable, la reparación de este tipo de daño se orienta principalmente hacia la indemnización económica.

en el que se encontraba antes del daño. Sin embargo, a partir de la Constitución de 2008, la reparación adquiere un carácter más amplio, ya que no se limita únicamente al aspecto económico.Cuando el daño patrimonial implica la vulneración de derechos fundamentales, la reparación debe incluir medidas de rehabilitación y satisfacción que complementen la compensación pecuniaria y garanticen una reparación integral.

Enelderechoecuatoriano,laindemnización se concibe como un mecanismo destinado arestituiralafectadoalestadopatrimonial

3.2.2. Daño moral o extrapatrimonial

El daño moral afecta la esfera no patrimonial de la persona y se manifiesta en lesiones a su dignidad, sentimientos, integridad psicológica, reputación u otros aspectos vinculados a su vida personal y emocional. Su carácter inmaterial dificulta su cuantificación, por lo que la valoración debe realizarse atendiendo a las circunstancias particulares del caso y al impacto real que el daño ha generado en la vida del afectado.

La Constitución ecuatoriana reconoce expresamente el derecho a la reparación deldañomoralyexigequeestaseaintegral, lo que implica que no puede limitarse a una compensación económica simbólica. La jurisprudencia nacional ha desarrollado criterios para su cuantificación, considerando elementos como la intensidad del sufrimiento, la afectación en la vida cotidiana, la gravedad de la conducta lesiva y el contexto personal y social de la víctima.

Ladistinciónclásicaentredañoemergente y lucro cesante mantiene plena vigencia enelderechoecuatorianocontemporáneo y continúa siendo fundamental para comprender la estructura de la responsabilidad extracontractual.

El daño emergente se refiere al menoscabo real y efectivo del patrimonio de la persona afectada, es decir, a los gastos o pérdidas que debe asumir directamente como consecuencia del hecho dañoso. En cambio, el lucro cesante comprende los beneficios económicos que la víctima razonablemente habría obtenido de no haberse producido el daño. En el marco del Estado constitucional de derechos, esta diferenciación adquiere una dimensión más amplia. Cuando el daño vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud o la integridad personal, la valoración del lucro cesante no puede limitarse a una simple operación aritmética. En estos casos, la reparación debe considerar aspectos cualitativos vinculados a la afectación de proyectos de vida, expectativas legítimas y posibilidades reales de desarrollo personal y profesional. De esta manera, la reparación del lucro cesante trasciende la mera cuantificación económica y se ajusta a los estándares de reparación integral establecidos por la Constitución de 2008.

3.3.1. Conducta ilícita como elemento configurador

El hecho dañoso constituye el segundo elemento esencial de la responsabilidad extracontractual y se manifiesta a través de una conducta humana que produce un resultado perjudicial. Esta conducta puede adoptar la forma de una acción o una omisión, y su carácter ilícito se determina según su conformidad o contradicción con el ordenamiento jurídico vigente.

La ilicitud puede originarse en distintas fuentes. En primer lugar, puede surgir de la violación directa de una norma legal. En segundo lugar, puede derivarse de la afectación de derechos fundamentales, cuyo respeto es obligatorio para todos los sujetos,públicosyprivados.Tambiénpuede configurarse a partir de la transgresión de las buenas costumbres o de los estándares sociales mínimos de convivencia. Finalmente, la ilicitud puede fundarse en la infracción del deber general de no causar daño a otro, principio que ha adquirido una especial relevancia en el marco del Estado constitucional ecuatoriano.

En este nuevo orden constitucional,el deber general de no dañar se proyecta como un principioestructurantedelsistemajurídico, lo que implica que cualquier conducta que genere un perjuicio injustificado puede ser considerada ilícita, aun cuando no exista una norma específica que la prohíba de manera expresa. Esta concepción amplia y garantista fortalece el sistema de protección de derechos, al tiempo que amplía el ámbito de aplicación de la responsabilidad extracontractual.

3.3.2. Modalidades de la conducta ilícita

3.3.2.1 Conducta dolosa

El dolor se caracteriza por la intención consciente de causar el daño o de ejecutar unaconductaconplenoconocimientodesus consecuencias. En el derecho ecuatoriano, el dolo actúa como un factor de atribución que agrava la responsabilidad del agente, pues implica una voluntad dirigida a producir el resultado dañoso o a asumir deliberadamente el riesgo de que este se materialice. Esta modalidad subjetiva no solo incide en la determinación de la responsabilidad, sino también en la forma y alcance de la reparación, pudiendo dar lugar a mayores medidas resarcitorias, especialmente cuando el daño afecta la esfera moral o los derechos fundamentales de la víctima.

La Constitución ecuatoriana reconoce la responsabilidad derivada de las -13-

actuaciones dolosas al disponer que toda vulneración de derechos genera responsabilidad, sin distinguir expresamente entre las diferentes modalidades subjetivas de la conducta. No obstante, el dolo conserva una relevancia esencial en la determinación de la gravedad de la conducta y la intensidad de las medidas de reparación que deben adoptarse.

3.3.2.2 Conducta culposa

La culpa se manifiesta a través de comportamientos negligentes, imprudentes, imperitos o mediante la inobservancia de reglamentos y deberes objetivos de cuidado. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la culpa constituye el factor de atribución más extendido y opera como regla general en materia de responsabilidad extracontractual, salvo en aquellos casos en que la ley establece expresamente un régimen de responsabilidad objetiva.

La Constitución de 2008 introdujo nuevos parámetros para la evaluación de la culpa, especialmente en relación con la prestación de servicios públicos. El artículo 172 establece que el Estado es responsable porlos daños emergentes y el lucro cesante derivados de la deficiente prestación de servicios públicos, sin exigir la acreditación del elemento subjetivo de culpa por parte del perjudicado. Este precepto constitucional configura un régimen reforzado de responsabilidad, orientado a garantizar la protección efectiva de los derechos y a asegurar una reparación integral cuando la deficiencia en el servicio ocasiona daños a los usuarios.

La omisión puede generar responsabilidad extracontractualcuandoelsujetoincumple un deber jurídico de actuar. Este deber puede tener origen legal, reglamentario o incluso derivar de la posición particular del agente frente al riesgo creado. En el marco constitucional ecuatoriano, la omisión adquiere especial relevancia debido a que el Estado y sus instituciones tienen la obligación positiva de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Para que la omisión produzca responsabilidad, es necesario demostrar que existía un deber jurídico específico de actuar y que la inacción del sujeto tuvo una relación causal directa con el daño sufrido por la víctima. La jurisprudencia ha subrayado que esta modalidad es especialmente significativa cuando la omisión afecta a personas en situación de vulnerabilidad, para quienes el deber de protección es más intenso.

3.4. El nexo causal: vínculo entre conducta y daño

3.4.1. Teorías de la causalidad

Ladeterminacióndelnexocausalconstituye uno de los aspectos más complejos en la responsabilidad extracontractual. La jurisprudencia ecuatoriana ha señalado que la reparación del daño moral y material procede únicamente cuando estos son consecuencia próxima de la acción u omisión ilícita. Para definir esta relación causal se han utilizado diversas teorías.

La teoría de la equivalencia de las condiciones sostiene que todas las condiciones que contribuyen al daño son equivalentes; por tanto, cualquier conducta que haya participado en su producción debe considerarse causa del resultado.

En cambio, la teoría de la causalidad adecuada establece que solo deben considerarse causas aquellas conductas que, según la experiencia común, son aptas para producir el resultado dañoso.Es decir, se excluyen los factores meramente accidentales o estadísticamente atípicos.

El derecho ecuatoriano ha adoptado una postura ecléctica. En la mayoría de los casos se aplica la causalidad adecuada por su mayor precisión, pero en situaciones excepcionales cuando ello resulta necesario para garantizar la reparación integral se recurre a la teoría de la equivalencia.

La causalidad inmediata corresponde a aquellas condiciones que intervienen de manera directa en la producción del daño sin la presencia de factores intermedios. La causalidad mediata, en cambio, se configura cuando entre la conducta del agente y el daño intervienen otros hechos o circunstancias que también influyen en el resultado.

elgradoderesponsabilidad,especialmente en escenarios donde concurren factores externos. La jurisprudencia ha establecido que la existencia de causalidad mediata no excluye automáticamente la responsabilidad del agente original, siempre que su comportamiento haya contribuido de manera significativa a la producción del daño.

En el derecho ecuatoriano, esta distinción es relevante para determinar

3.4.3. Causalidad y responsabilidad concurrente

En muchos casos el daño no es producto exclusivo de una sola conducta, sino de la concurrencia de múltiples acciones u omisiones. Esto genera escenarios de responsabilidad concurrente cuya determinación requiere un análisis detallado del aporte causal de cada sujeto.

La responsabilidad puede ser solidaria o individual. Será solidaria cuando las conductas concurrentes estén orientadas hacia un mismo propósito o cuando resulte imposible cuantificar la contribución específica de cada agente. En cambio, será individualizada cuando sea posible determinar con claridad la parte del daño atribuible a cada uno de los autores.

El derecho ecuatoriano admite ampliamente la responsabilidad concurrente como mecanismo para garantizar la reparación integral y evitar la impunidad en casos donde el daño tiene un origen plural.

3.5.1. El principio de culpa como factor general

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la culpa constituye el factor general de atribución de la responsabilidad extracontractual. Este principio, recogido en el artículo 2214 del Código Civil, establece que quien causa un daño a otro responde únicamente cuando ha actuado con culpa, es decir, cuando ha omitido las precauciones que una persona diligente habría observado en circunstancias similares.

La doctrina ecuatoriana sintetiza este criterio al señalar que la responsabilidad extracontractual exige la concurrencia de cuatro elementos: la existencia de un hecho ilícito, la culpa del autor,la presencia de un daño y la existencia de un nexo causal entre la conducta y el daño.

Este principio responde a la filosofía liberal que inspiró al Código Civil, orientada a privilegiar la autonomía de la voluntad y la libertad individual. Sin embargo, la evolución del derecho contemporáneo ha introducido limitaciones a este esquema mediante el reconocimiento de hipótesis en las que la responsabilidad se sustenta incluso en ausencia de culpa, dando paso al desarrollo de regímenes de responsabilidad objetiva.

3.5.2. Responsabilidad objetiva y nuevos paradigmas

3.5.2.1. Fundamentos de la responsabilidad objetiva

La responsabilidad objetiva se caracteriza por prescindir del análisis del elemento subjetivo de la culpa. Su fundamento radica en la teoría del riesgo, según la cual quien desarrolla actividades que generan un riesgo especial debe asumir las consecuencias dañosas derivadas de dicho riesgo, independientemente de que haya actuado con diligencia.

En el derecho ecuatoriano, este tipo de responsabilidad ha cobrado especial importancia en ámbitos como los daños ambientales, la responsabilidad por productosdefectuososylaresponsabilidad estatal por la prestación de servicios públicos. Este desarrollo responde a la necesidad de garantizar una protección más efectiva de los derechos en contextos donde el riesgo inherente a determinadas actividades puede afectar gravemente a terceros.

El artículo 2229 del Código Civil dispone que, por regla general, todo daño que pueda imputarse a la malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. De manera ejemplificativa, la norma enumera cinco casos en los que los agentes estarán especialmente obligados a responder,incluyendo aquellos derivados del ejercicio de actividades peligrosas o del manejo de cosas que conlleven peligro intrínseco. Aunque el precepto utiliza el término “negligencia”, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que configura en realidad un supuesto de culpa presunta basado en el riesgo creado por actividades intrínsecamente peligrosas.

Los tribunales han señalado que para determinar si una actividad es peligrosa deben considerarse su potencialidad lesiva, su naturaleza técnica, el contexto en el que se realiza, y las medidas de seguridad adoptadas. La responsabilidad surge cuando el agente no logra desvirtuar la presunción de culpa,acreditando alguna de las siguientes circunstancias: fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de un tercero, o hecho exclusivo de la víctima. Entre las actividades típicamente consideradas peligrosas se encuentran el uso de vehículos motorizados, las maquinarias generadoras de energía, la maquinaria industrial, las naves o maquinarias marítimas, y la manipulación de energía eléctrica, entre otras.

3.5.2.3. Responsabilidad estatal por servicios públicos

La Constitución de 2008 introdujo un cambio significativo al establecer que el Estado, sus instituciones, funcionarios y cualquier persona natural o jurídica que preste servicios públicos responderán por los daños emergentes y lucro cesante ocasionados por negligencia, deficiencia o interrupción en la prestación del servicio. Esta disposición recoge un fundamento de responsabilidad objetiva que no requiere la demostración de culpa por parte de la víctima.

El presente estudio de caso ilustra de manera clara y detallada la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva del Estado por deficiencias en la prestación de serviciospúblicos,consagradoenelartículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador (2008). A continuación, se sintetizan los aspectos más relevantes del análisis:

1. Los Hechos:

Ladoctrinahadestacadoqueestanormase integra dentro del principio constitucional de reparación integral. El fundamento de este régimen se encuentra en la teoría del riesgo administrativo, conforme a la cual el Estado debe asumir las consecuencias dañosas derivadas del funcionamiento de los servicios públicos, incluso cuando obre con todas las precauciones del caso.

Los moradores de la parroquia Puerto Bolívar (Machala), representados por Ángel Bacilio Reyes Vera, interpusieron acción de protección contra el GAD Machala y la EmpresaPúblicaMunicipaldeAguaPotable Aguas Machala EP (EPMAP). Se acreditó la distribución de agua contaminada con arsénico geogénico en niveles superiores al límite normativo (0.022 mg/L en 2022 y -18-

0.018 mg/L en 2025,vs. máximo INEN 1108: 0.01 mg/L), afectando a más de 12,000 habitantes de barrios vulnerables.

La planta González Rubio, inaugurada en junio 2020 como contingencia al colapso de tuberías regionales, presentó fallas reiteradas:

suspensión inicial ( julio-agosto 2020), sanciones ARCSA (2021-2022), clausura temporal (enero 2025) y condiciones higiénico-sanitarias deficientes (óxido, plagas, coliformes fecales). Durante interrupciones, no se garantizó abastecimiento alternativo suficiente ni comunicación efectiva, pese a facturación continua del servicio defectuoso.

2. Fundamento Jurídico y Naturaleza de la Responsabilidad

La Corte aplica el régimen de responsabilidad objetiva (art. 52 CRE), obligando al Estado, delegatarios y concesionarios a reparar daños por falta o deficiencia en servicios públicos,sin probar culpa. Se configuraron los tres elementos esenciales:

Deficiencia en el servicio: Agua no apta para consumo humano (arsénico carcinógeno, parámetros microbiológicos/ físico-químicos incumplidos, instalaciones antihigiénicas). Reiteración estructural desde 2020 pese a planes de contingencia formales ineficaces.

Nexo causal directo: Contaminación - riesgos para la salud (dermatológicos, gastrointestinales, cáncer a largo plazo) y afectación colectiva en zona pobre/ afrodescendiente.

Daño verificable: Vulneración al derecho al agua (art. 12 CRE: componentes de calidad, disponibilidad, accesibilidad física/económica/informativa) y salud (art. 32 CRE), interrelacionados con vida digna (art. 66.2 CRE) y servicios públicos de calidad (art. 85 CRE). Se invocan estándares internacionales (Observación General 15 Comité DESC): agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible.

Obligaciones estatales incumplidas:

respetar

(no contaminar), proteger (prevenir terceros/ riesgos) y cumplir (monitoreo ARCSA/ARCA, remediación, información veraz). Inversión de carga probatoria: EPMAP no demostró calidad con SAE-acreditados.

La Corte resuelve dos problemas jurídicos interdependientes:

• La vulneración al derecho al agua por distribución contaminada y suspensiones sin contingencia (tanqueros insuficientes, sin cuantificación ni control). Incumbe disponibilidad (200 L/hab/día mínima vital gratuita) y accesibilidad (falta de información oportuna, directa y adaptada a vulnerables).

• La vulneración a la salud por omisión de principio de prevención (filtros ósmosis inversa tardíos/ineficaces, sin atención médica sistemática pese a pandemia COVID-19).

• Patrón estructural: Fallas recurrentes (2020-2025) pese a sentencias previas y sanciones, evidenciando diligencia insuficiente en servicio esencial.

4. Reparación integral otorgada

Se ratifica la acción de protección y se ordena reparación integral (art. 104 LOGJCC), modificando medidas previas por ineficacia, por lo tanto las medidas ordenadas fueron:

• Económica: Condona planillas por servicio deficiente
• ( julio
• 2020-agosto

2022; dic 2024-feb 2025); crédito por pagos indebidos.

Preventiva/Sanitaria ARCSA: 6 análisis semestrales obligatorios;

EPMAP: remediación permanente (filtros efectivos), mantenimiento integral, monitoreo SAEacreditado.

Atención Médica: GAD Machala/MinSalud: Fichas individuales preventivas/curativas para afectados (niños prioritarios).

Informativa/Transparencia:

Disculpas públicas; comunicación directa (reuniones barriales, perifoneo).

Estructural:

Parámetros judiciales vinculantes: inversión carga probatoria en prestadores; tutela colectiva prioritaria en servicios esenciales.

Al final, esta sentencia actualiza jurisprudencia (refuerza 112-2018 CNJ; 267804-2/23 CCE), exigiendo a empresas públicas como EMAC EP:

• Pruebas fehacientes de calidad (INEN 1108) antes/durante interrupciones.

• Planes contingencia reales (comunicación previa, abastecimiento verificable).

Reparación plena: daño emergente, lucro cesante, moral bajo responsabilidad objetiva, facilitando acceso justicia en servicios esenciales (Sentencia 4642-22- JP/25).

Este caso demuestra la importancia de alinear las prácticas de las empresas públicas con los estándares constitucionales y jurisprudenciales en materia de derechos humanos y servicios esenciales. La sentencia sienta un precedente valioso para futuros reclamos por deficiencias en servicios públicos, destacando el deber del Estado de actuar con diligencia y transparencia.

3.5.3. Responsabilidad por productos defectuosos

La responsabilidad por productos defectuosos constituye una categoría de responsabilidad objetiva que adquiere especial relevancia en el contexto económico contemporáneo. Si bien el Código Civil no regula expresamente esta materia, la Constitución, en su artículo 82, garantiza el derecho a acceder a bienes y servicios de calidad, así como a recibir información clara y veraz sobre sus características.

LaLeyOrgánicadeDefensadelConsumidor refuerza y especifica la responsabilidad de los proveedores, fabricantes y comercializadores en casos de productos defectuosos. En su artículo 22, establece claramente que cuando un producto sea defectuoso y la responsabilidad sea imputable al proveedor, el consumidor tiene derecho a que se le repare,reemplace o reembolse el valor del bien dentro de un plazo determinado, sin costos adicionales, y sin que ello implique renunciar a las acciones legales correspondientes. La ley también enfatiza que los productos deben sersegurosycumplirconlascaracterísticas de calidad, libre de defectos que puedan poner en riesgo la salud o integridad de las personas.

Es importante destacar que, en línea con la jurisprudencia que interpreta la responsabilidad objetiva, la ley no requiere que el consumidor demuestre culpa o negligencia por parte del proveedor o fabricante para lograr su reparación o compensación.La responsabilidad se basa en el daño y en la existencia del defecto, lo cual tiene por finalidad ofrecer una protección más efectiva al consumidor, garantizando que no tenga que probar una culpa para hacer valer sus derechos.

Asimismo, la ley obliga a los proveedores a brindar información clara, veraz y oportuna acerca de las características, riesgos y limitaciones de los productos, -21-

en consonancia con lo establecido en la Constitución y en la norma constitucional de garantizar derechos fundamentales en materia de protección del consumidor.

En otras palabras, la Ley de Defensa del Consumidor complementa y formaliza el enfoque de responsabilidad objetiva en materia de productos defectuosos, estableciendo derechos y procedimientos específicos para la protección del consumidor, alineándose con la interpretación jurisprudencial y fortaleciendo el marco legal en esta materia. Esta normativa, junto con la jurisprudencia, busca asegurar que los daños ocasionados por productos defectuosos sean reparados de forma efectiva, promoviendo la responsabilidad de todos los actores en la cadena de producción y comercialización.

3.5.4. Responsabilidad por daños ambientales

El daño ambiental constituye un ámbito particularmente relevante dentro de la responsabilidad objetiva. La Constitución reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y declara de interés público la preservación del ambiente y la gestión adecuada de los recursos naturales. El sistema jurídico ecuatoriano establece que la responsabilidad por daños ambientales es objetiva, lo que implica que no se requiere demostrar la culpa del agente para exigir la reparación. Esta modalidad responde a la naturaleza especial del daño ambiental, que suele tener efectos difusos, afectar a múltiples sujetos y proyectarse en el tiempo. Por ello, se exige una protección reforzada que garantice la restauración, compensación y reparación integral del daño ecológico.

Por ejemplo: La Sentencia N° 1149-19-JP/21, dictada por la Corte Constitucional en el caso del Bosque Protector Los Cedros, marca un antes y un después en la forma como el derecho ecuatoriano aborda los daños ambientales, los derechos de la naturalezayelusodelprincipioprecautorio cuando hay actividades mineras de por medio.

Todo empezó cuando el GAD de Santa Ana de Cotacachi presentó una acción de protección contra las concesiones mineras Magdalena 01 y 02, a cargo de Elemental Ecuador S.A., en una zona de Imbabura repleta de biodiversidad única. La Corte terminó anulando los permisos ambientales y de agua, poniendo la protección del bosque por encima de cualquier riesgo potencial.

Aquí entra el artículo 71, que trata a Los Cedros no como un simple recurso, sino como un sujeto con derechos propios: el de existir, recuperarse y mantener sus ciclos naturales. Esto se conecta directamente con el artículo 14, el derecho humano a un ambiente sano. Para la Corte, la naturaleza no es negociable frente a intereses económicos; obliga al Estado y a las empresas a cuidarla sin excusas.

Con base en el artículo 73, los jueces aplicaron la precaución ante la falta de estudios científicos sólidos sobre qué pasaría si se metían máquinas en ese bosque.Sin datos claros,decidieron a favor de la naturaleza siguiendo el in dubio pro natura porque el riesgo era alto: especies endémicas en peligro de desaparecer,agua contaminada para siempre y ecosistemas destrozados. La responsabilidad recayó en el Estado y la minera de probar que no habría daño.

Este fallo amplía el artículo 396 más allá de reparar daños ya hechos. Ahora incluye prevención pura: si hay amenaza real en zonas frágiles, se paran las actividades de raíz. No hace falta esperar a que ocurra la catástrofe; las empresas deben demostrar que su operación es 100% segura. Además, une la salud del bosque con los derechos al agua y ambiente limpio de las comunidades indígenas cercanas, que ya sufrían los efectos indirectos.

Esta sentencia consolida un régimen preventivo amplio donde la preservación ecológica prevalece sobre la certeza de daño, estableciendo un precedente vinculante para casos ambientales en Ecuador.

La reparación integral en el constitucionalismo ecuatoriano

4.1. Concepto y alcance de la reparación integral

La reparación integral constituye una de las transformaciones más relevantes introducidas por el constitucionalismo ecuatoriano contemporáneo en materia de responsabilidad. La doctrina nacional ha señalado que la reparación debe comprender todas las dimensiones del daño, conforme al principio garantista previsto en el artículo 86, numeral 3, de la Constitución. Este enfoque se articula con el artículo 11, numeral 9, que establece que toda actuación u omisión que vulnere derechos genera responsabilidad y que toda decisión o acción estatal está sujeta al deber de reparar los daños causados. La norma también dispone que la reparación debe incluir medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

Esta concepción supera ampliamente la visión tradicional de la responsabilidad civil, que se centraba casi exclusivamente en la compensación económica. La reparación integral implica que la víctima tiene derecho a recibir medidas que restituyan, en la mayor medida posible, su situación anterior al daño, abarcando no solo el ámbito patrimonial, sino también dimensiones psicológicas, sociales, comunitarias y simbólicas. Este enfoque reconoce que los daños que afectan derechos fundamentales requieren respuestas más amplias que las previstas por el derecho civil clásico.

4.2.1. La compensación

La compensación es la modalidad más tradicional y consiste en la entrega de una suma de dinero destinada a restituir el daño material sufrido. En el marco constitucional ecuatoriano, esta modalidad comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, y puede abarcar también el daño moral, siempre que sea susceptible de valoración económica. Su cuantificación exige un análisis cuidadoso del caso, teniendo en cuenta la gravedad del daño, sus repercusiones en la vida de la persona afectada, las circunstancias del hecho y las condiciones económicas del responsable.

4.2.2. La rehabilitación

La rehabilitación se orienta a restablecer las capacidades físicas, emocionales, psicológicas y sociales de la víctima. Esta modalidad cobra especial importancia en situaciones de vulneraciones graves, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia de género o violaciones de derechos humanos. La rehabilitación puede incluir atención médica especializada, apoyo psicológico, acompañamiento social o servicios de reinserción laboral, y constituye un componente indispensable de la restauración integral.

Las medidas de satisfacción tienen un carácter simbólico y buscan reconocer públicamente el daño ocasionado, restituir la dignidad de la víctima y fortalecer la memoria social. Estas medidas pueden consistir en disculpas oficiales, declaraciones públicas de reconocimiento de responsabilidad, actos conmemorativos, programas educativos o acciones que preserven la memoria histórica. Su finalidad es reparar el daño moral y restaurar la confianza pública, especialmente en casos vinculados con violaciones de derechos humanos.

4.2.4. Las garantías de no repetición

Las garantías de no repetición constituyen una modalidad de reparación que trasciende lo individual y busca transformar las condiciones institucionales o estructurales que permitieron la vulneración.

Pueden comprender reformas legales, capacitación de servidores públicos, cambios en políticas públicas, fortalecimiento de las instituciones de control, o la creación de mecanismos de supervisión y vigilancia. La doctrina ecuatoriana ha subrayado que estas medidas son esenciales para proteger la dignidad humana y garantizar que las vulneraciones no vuelvan a ocurrir. En esta línea, Ramiro Ávila Santamaría sostiene que todas las dimensiones de la reparación integral están orientadas a preservar la dignidad de las personas y su entorno, consolidando el principal deber del Estado en un régimen de derechos.

La responsabilidad extracontractual en el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha experimentado una transformación profunda desde la entrada en vigencia de la Constitución de 2008. Esta evolución ha resignificado la tradicional institución civil, elevándola al rango de derecho fundamental y estableciendo estándares de reparación integral que superan ampliamente la clásica indemnización pecuniaria.

Los elementos responsabilidad constitutivos de la extracontractual han adoptado nuevas dimensiones en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia. El daño ya no se concibe únicamente como afectación patrimonial, sino como cualquier lesión a derechos fundamentales. El hecho dañoso abarca no solo conductas ilícitas en sentido estricto, sino también la violación de deberes constitucionales y la afectación de garantías fundamentales. El nexo causal se interpreta mediante criterios orientados a asegurar la reparación efectiva, priorizando la tutela de los derechos por encima de rigideces dogmáticas. Del mismo modo, el factor de atribución se amplía para incluir supuestos de responsabilidad objetiva que permiten una protección más eficaz frente a actividades riesgosas, daños ambientales, fallas en la prestación de servicios públicos y otras situaciones contemporáneas de riesgo.

ello, incorpora medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que buscan restituir la dignidad de las personas, reparar el impacto emocional y social del daño y transformar las condiciones que permitieron su ocurrencia. Pese a estos avances, el sistema enfrenta desafíos emergentes que demandan respuestas normativas dinámicas. La acelerada evolución tecnológica, el cambio climático, los nuevos riesgos globales y las complejidades propias de las sociedades contemporáneas exigen marcos jurídicos flexibles que aseguren la protección oportuna y adecuada de los derechos. El Ecuador, por su liderazgo en la consagración constitucional de los derechos humanos y de la naturaleza, posee un marco robusto que puede servir de referencia para estos desarrollos.

En este contexto, la responsabilidad extracontractual ecuatoriana debe seguir evolucionando para responder a estos desafíos con soluciones que mantengan su compromiso con la reparación integral y con la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Solo mediante esta evolución constante la responsabilidad civil podrá cumplir plenamente su función esencial: asegurar la convivencia pacífica, justa y respetuosa de los derechos en una sociedad democrática.

La reparación integral se consolida como el eje central del sistema ecuatoriano de responsabilidad.Este paradigma reconoce que la compensación económica, aunque necesaria, es insuficiente para restaurar integralmente el daño ocasionado. Por -27-

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